Legisladores aprobaron la armonización propuesta por la Gobernadora de Tlaxcala que otorga mayores facultades al titular del SESESP

Por Selene Sosa

En Tlaxcala, deberá haber un policía por cada mil habitantes, así quedó establecido en el Decreto aprobado por las y los diputados, quienes también avalaron la creación de diversas policías y la Unidad Anticorrupción, entre otras, quedando a cargo, mayoritariamente, de la persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Recién iniciado el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo de la LXV Legislatura, la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, envió al Congreso del Estado dos iniciativas, mismas que ya han sido avaladas por las y los integrantes del Pleno quienes este martes aprobaron la armonización correspondiente.

Este martes en la Sexta Sesión Ordinaria, las y los congresistas aprobaron la propuesta de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para armonizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la ley estatal en la materia.

Según la justificación de la propuesta, hay una carencia de coordinación y comunicación tanto intergubernamental como interinstitucional, lo que provoca que el tema de seguridad no se atienda de manera adecuada, lo que a su vez deriva en el incremento de la percepción de seguridad y la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.

Por ello, en la propuesta de Cuéllar Cisneros, se puntualiza elevar a rango de ley las Mesas de Paz y sus similares para su realización con la participación de la ciudadanía y otros niveles de gobierno, no sólo de titulares de los Ayuntamientos y las dependencias estatales.

“Al elevar a rango de ley las Mesas de Paz, las comunidades se sienten representadas y escuchadas debido a que diversas experiencias a nivel estatal han puesto en evidencia cómo la participación colectiva ha llevado a la creación de planes de seguridad más ajustados a las realidades locales”, reza la iniciativa.

Asimismo, el proyecto establece un mecanismo de ingreso, reclutamiento y selección, promoción, profesionalización, ascensos y remociones de los elementos que deberán adoptar todas las Instituciones de Seguridad Pública y obliga a los municipios a contar con un uniformado por cada mil habitantes.

“Se establecen las bases operativas y funcionales de los subsistemas que conformen un verdadera y eficiente sistema de Servicio Profesional de carrera Policial, transparente, democrático, que antepone la eficiencia y las capacidades individuales para contar con los mejores elementos”.

Para lo anterior, así como para lograr un modelo de coordinación intergubernamental que permita la implementación de las políticas de seguridad, Lorena Cuéllar propuso la regulación consolidación de nuevas figuras institucionales, “que responden a las necesidades actuales”.

Por lo que se consolidarán la “Policía de Inteligencia e Investigación”, “Policía de Caminos y Vialidad”, “Policía Procesal”, “Policía de Custodia”, “Grupos Especiales y de Reacción”, “Policía Industrial y Bancaria”, “Policía Estatal Preventiva”, “Policía de Prevención del Delito y Género”, y la Homologación de la Academia Policial, el Fortalecimiento del Consejo de Honor y Justicia Policial y la Regulación de los servicios de Seguridad Privada.

De manera específica, planteó reformar 52 fracciones de más de 23 Artículos, ocho Capítulos, 10 Párrafos y 36 Artículos, así como adicionar 44 Fracciones, dos Capítulos, ocho Párrafos y 36 Artículos.

En estos se establecen diversas acciones a cumplir, por norma, entre las Instituciones de Seguridad Pública, con el Poder Judicial Estatal, el Ministerio Público, los Ayuntamientos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET) y sus Fiscalías Especializadas.

Así como crear el Sistema de Registro de Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, además del Servicio Profesional de Carrera Policial y la Policía de Género, esta última deberá crearse en cada municipio, por ley.

También se consolidará la Unidad Antiextorsión y el Centro Estatal de Información, todo esto en un término de 90 días a partir de la publicación de dicho Decreto en el Periódico Oficial.