Integrantes del Observatorio Judicial de Aguascalientes señalan que María José Ocampo Vázquez no fue la más votada y que su nombramiento como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia por sus compañeros magistrados viola el Artículo 51 de la Constitución local.

Fuente: PROCESO

El nuevo Poder Judicial en Aguascalientes ha arrancado funciones con el pie izquierdo. Mientras que durante el proceso electoral fue visible la intromisión del gobierno de la panista Teresa Jiménez Esquivel, el nombramiento —ilegal de acuerdo con la ley— de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, como nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia sin haber sido la más votada, ha marcado el comienzo de una nueva era en la justicia aguascalentense.

Ocampo Vázquez presidirá a la máxima sala de justicia en el estado durante dos años. Se colocó en el sexto lugar en número de votos, pero fue elegida presidenta del Supremo Tribunal por sus otros diez compañeros y compañeras magistrados en una sesión secreta, violando lo establecido en el Artículo 51 de la Constitución local, que señala que la persona más votada presidirá la sala, luego el cargo debía de rotarse en función del número de votos que obtuvo cada candidatura.

“Se observa incumplimiento a un mandato constitucional, ya que se advierte que el pleno carece de facultades para elegir a su presidente, pues esta atribución corresponde a la ciudadanía y ya fue expresada en la votación de la elección judicial”, señalaron integrantes del Observatorio Judicial del estado, una iniciativa ciudadana.

En una entrevista grabada con el canal oficial de gobierno, Ocampo Vázquez defendió su nombramiento: «No es inconstitucional (…) Es muy importante establecer que el artículo 51 establece que tendremos un presidente, que el cargo será de dos años y cambiará de hombre a mujer. El magistrado entrante —Felipe Ávila Orozco—, que tiene el mayor número de votos, es quien decide, porque el magistrado saliente era hombre —Juan Rojas García—, decide que vaya una mujer. Es decir, hay un cambio en el principio de equidad de género», argumentó, sin que esa facultad de decidir esté consignada en la ley.

El nombramiento ha sido impugnado por la senadora morenista Nora Ruvalcaba ante el Tribunal Electoral del estado a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la ciudadanía, al considerar que se violentó el derecho político electoral que tiene la ciudadanía.

Con esos mismos argumentos, otro abogado local impugnó ante la misma instancia, y agregó la violación a los principios de certeza, legalidad, independencia judicial y máxima publicidad de los electores aguascalentenses.

Hasta ahora ninguno de los once nuevos integrantes del Supremo Tribunal han explicado cuál fue el fundamento legal para realizar dicha designación, que también habría violado el acuerdo CG-A-51/25 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEA) emitido el 25 de junio pasado, donde se remitió al Órgano de Administración del Poder Judicial local la determinación del orden de prelación de la presidencia del Tribunal.

Ese órgano, sin embargo, está incompleto, pues sólo tiene tres de cinco integrantes sin que el Poder Judicial haya explicado la razón; y ha sido acusado por el mismo Observatorio de omisión.

De acuerdo con información extraoficial, Felipe Ávila Orozco, que obtuvo el mayor número de votos y que por ello debía presidir al Poder Judicial, se negó a tomar el cargo, pero no explicó públicamente las razones. Mientras que Mariana de Fátima de León Barba, la segunda más votada, habría renunciado por un supuesto conflicto de interés al ser esposa de Carlos de Alba Salas, secretario particular de la gobernadora.

Poder Judicial, en la  mira. Foto: Facebook  Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

“Se señala una falta grave a la Constitución por parte de los once magistrados que, habiendo protestado cumplirla y hacerla cumplir, celebraron una sesión ilegal y tomaron acuerdos fuera de sus atribuciones. Se observa falta de información en cada caso sobre las razones por las que se declina presidir el Supremo Tribunal, un cargo otorgado por voluntad ciudadana (…) esta declinación representa un desprecio hacia la voluntad ciudadana expresada en las urnas. (El conflicto de interés) persistiría incluso sin ocupar la presidencia”, agregaron los integrantes del Observatorio.

La organización civil ha llamado al Tribunal de Disciplina Judicial a iniciar una investigación de oficio “sobre estos hechos atribuibles a los once magistrados en relación con el mandato judicial”, sin que hasta ahora haya ninguna respuesta por parte de la autoridad.

“(Los nuevos magistrados) vienen de un acordeón (si impugnamos) nosotros estaríamos validando que estamos de acuerdo con el acordeón y la forma en como llegan. No hay grandes atributos, o atributos extraordinarios, entre los que están en los primeros lugares de votación para que puedan dirigir los destinos del Poder Judicial”, dijo Salvador Farías, presidente del Colegio de Abogados.