El procedimiento podría derivar en destitución o inhabilitación hasta por 20 años.

Por Stephany Rodríguez

El Congreso del Estado de Tlaxcala recibió el pasado 5 de septiembre una solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, el síndico y los regidores que conforman el cabildo de la administración 2024-2027.

La denuncia fue presentada por Alejandro Flores Xelhuantzi, presidente de comunidad de la segunda sección de Contla, en la oficialía de partes del Poder Legislativo. El escrito fue dirigido a la diputada Maribel León Cervantes, presidenta de la Mesa Directiva; al diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; y al diputado David Martínez del Razo, representante del distrito 8.

El promovente explicó que el recurso se originó tras la suspensión por 90 días aprobada en agosto por el cabildo de Contla, medida que, subrayó, no corresponde a las facultades legales de dicha autoridad. Señaló que este hecho constituye una acción irregular, pues los cabildos carecen de atribuciones para suspender a presidentes de comunidad u otros integrantes electos de manera directa por la ciudadanía.

Flores detalló que el proceso de entrega se realizó con la documentación respectiva, entre la que se incluyen actas de cabildo, resoluciones judiciales, documentos certificados y material audiovisual que, aseguró, evidencian las irregularidades cometidas. Añadió que en el Congreso confía en que se dé trámite a la denuncia para que se determine la procedencia del juicio político y se dicte la responsabilidad correspondiente.

El presidente de comunidad manifestó que, a partir de la suspensión, se han presentado dificultades en el ejercicio de funciones, entre ellas la falta de entrega de los recursos del gasto corriente de los meses de agosto y septiembre, lo que ha generado afectaciones en el pago de trabajadores de la presidencia comunitaria.

Asimismo, acusó que el ayuntamiento ha sido omiso en la entrega de documentos públicos como actas certificadas de cabildo, llegando incluso a modificar versiones respecto a lo asentado en las sesiones, lo que ya ha sido denunciado en instancias jurisdiccionales.

Respecto a lo que espera del proceso, indicó que el Congreso del Estado deberá pronunciarse sobre la legalidad de los actos realizados y, en su caso, aplicar sanciones que van desde la suspensión, la destitución o la inhabilitación hasta por 20 años para los servidores públicos señalados.

Finalmente, el presidente de comunidad afirmó que la solicitud de juicio político busca sentar un precedente de respeto a la legalidad y al estado de derecho en Tlaxcala, al sostener que ningún cabildo puede ejercer atribuciones fuera de la Constitución ni de las leyes locales.