Por Edgardo Cabrera

A dos meses de la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales queda claro que al gobierno estatal no le corre prisa crear los nuevos entes que garanticen la transparencia en Tlaxcala, contrario al discurso de que “lo público sea más público”.

Resulta que la creación la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Instituto de Transparencia para el Pueblo, ¡vaya nombre rebuscado y populista!, se encuentra en el cajón de los pendientes legislativos y, supondríamos, que desde el Ejecutivo ya se está considerando el presupuesto que se les otorgará para el 2026, incluso re contratar los despedidos del IAIP.

Por lo pronto, los ciudadanos nos encontramos en la indefensión de la opacidad gubernamental, los términos y plazos de los procedimientos iniciados se mantienen suspendidos, y las preguntas aguardan respuestas. Nosotros seguimos en espera de que develen el “contrato real” que signó el gobierno estatal para adquirir las 10 camionetas “blindadas del bienestar familiar”, así como la información de a quién fueron asignadas, por qué razón y cuál es el gasto mensual que generan.

Pero como de las blindadas, hay otros tantos temas que esperan respuestas, hay una amplia corriente de funcionarios estatales, lamebotas y pelagatos de lenguas viperinas que se resisten a la transparencia, que mienten cada que abren la boca al ser cuestionados porque ellos están en la idea de que “lo público sea cada vez más opaco”, contrario a la buena voluntad del vocero estatal, Antonio Martínez Velázquez que frente a la gobernadora estableció la premisa de que lo “público sea cada vez más público”.

Regresando al tema de la seguridad, los 10 mil millones de pesos que presume la gobernadora que se han invertido en tecnología e infraestructura no se han transparentado. Al consultar páginas oficiales de dependencias del gobierno estatal y sus apartados, no aparecen contratos, menos expedientes de cada una de las adquisiciones, se ignora si fueron por concurso o adjudicación directa, como con las blindadas, a pesar de que hablamos de montos exhorbitantes, con documentos en mano, sabemos que algunas empresas beneficiadas tienen un sucio pasado.  

INHUMANOS

A colación de la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública, los 38 empleados que fueron despedidos por el berrinche de desaparecer el organismo, siguen aguardando el pago de su liquidación, desde julio dejaron de tener certidumbre laboral y por tanto el pago por sus servicios devengados.

Durante ese mes los trajeron en la labor de la entrega-recepción, la promesa era que al finalizar se les daría su finiquito, ahora vemos que eso fue un chantaje para seguirlos explotando laboralmente.

El decreto 155 del Congreso local mediante el cual se declaró la desaparición del organismo es claro, establece en su sexto transitorio que “los recursos humanos con los que cuente el referido instituto serán liquidados conforme a las leyes aplicables en la materia, en el momento de su extinción, y eso ocurrió desde el 30 de junio, pero es la fecha en la que la Secretaría de Finanzas se mantiene en omisión por sus polainas, pese que le devolvieron 2 millones de pesos de recursos sobrantes.