Un grupo de 50 padres se reunió con autoridades; advierten que podrían cerrar la escuela si no hay respuestas para los 230 alumnos afectados

Por Stephany Rodríguez

Un grupo de 50 padres de familia de una escuela primaria bilingüe náhuatl, se reunió este miércoles con representantes de la Secretaría de Gobierno para exigir soluciones ante lo que califican como negligencia, exclusión y violación a los derechos educativos de sus hijos por parte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET).

Desde febrero de 2023, los padres han denunciado que el titular de SEPE-USET, Homero Meneses Hernández, ha ignorado mandatos judiciales relacionados con la preinscripción de primer grado, marginando a estudiantes indígenas. La problemática se originó cuando seis padres promovieron un juicio de amparo contra irregularidades en la inscripción escolar, después de que la convocatoria priorizara a alumnos con hermanos en la escuela, dejando fuera a otros solicitantes.

A pesar de los fallos judiciales que ordenaban la reapertura de la plataforma de registro, la SEPE-USET incumplió los plazos establecidos por el juzgado, alegando vacaciones administrativas y otros motivos. El juzgado declaró en desacato a la dependencia, advirtiendo posibles sanciones que van desde multas hasta inhabilitación de funcionarios.

Entrevista con los padres

Durante la primera reunión con la autoridad educativa, los padres explicaron que SEPE-USET presentó un equipo de cinco abogados, generando un ambiente intenso y ríspido. “Fue más una reunión sancionadora que de diálogo. Llegó el director jurídico y su equipo tratando de intimidarnos, pero insistimos en hablar directamente con el secretario”, señalaron.

Los padres detallaron que la escuela pretende concentrar a 44 estudiantes en un aula de seis por ocho metros, cuando la norma establece un máximo de 34. A pesar de que la comunidad adquirió un terreno de 3,000 metros cuadrados para ampliar la institución, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de restricciones normativas.

“Nosotros hemos agotado los recursos de diálogo durante diez meses. Hemos pedido estudios de viabilidad, autorización para la división de grupos, asignación de docentes y construcción de aulas, pero nos han minimizado o ignorado”, explicaron los padres. Señalaron que la convocatoria de preinscripción emitida por SEPE-USET discriminó a los alumnos sin hermanos, lo que llevó a que varios padres promovieran amparos federales a favor de sus hijos.

Los padres también denunciaron que la autoridad educativa pretende alargar los procedimientos mediante recursos de revisión de los amparos, postergando cualquier respuesta favorable hasta diciembre o enero, cuando ya no habría materia educativa.

Respecto a la reunión de este miércoles, los padres comentaron: “Estuvimos aproximadamente tres horas y media dialogando con la Secretaría de Gobierno. La autoridad nos ofreció inscribir a los niños en otras escuelas bilingües, pero nosotros no aceptamos. No tienen la facultad de decidir dónde van a estudiar nuestros hijos, mucho menos fuera del municipio”.

Por ello, anunciaron que convocarán a los 230 padres de familia para definir acciones más contundentes, incluida la posibilidad de cerrar la escuela a partir del lunes si no reciben respuestas favorables. “No buscamos radicalizar la situación, solo queremos que se respeten los derechos de nuestros hijos y la educación indígena”, concluyeron.

Finalmente, mediante una entrevista concedida a este medio de comunicación, los padres reiteraron que continuarán vigilantes ante cualquier incumplimiento de SEPE-USET y exigirán que se asignen los docentes y se construyan las aulas necesarias para garantizar la educación de los estudiantes.