En México se registra un nuevo proceso legal contra la prensa cada cuatro días; Veracruz y Ciudad de México concentran más denuncias

Por Stephany Rodríguez

De enero a julio de 2025, ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que representa en promedio un nuevo proceso legal cada cuatro días. En Tlaxcala se registraron dos casos durante este periodo, cifra menor en comparación con estados como Veracruz, que encabezó la lista con 10, o la Ciudad de México, con 9, pero que refleja que la práctica se extiende también en la entidad.

La organización internacional explicó que el acoso judicial consiste en el uso faccioso de demandas, denuncias o procesos legales con la finalidad de intimidar, desgastar o censurar a comunicadores. Estas acciones suelen materializarse en demandas por daño moral, denuncias penales por difamación, acusaciones de calumnias o incluso medidas cautelares que obligan a eliminar publicaciones.

De acuerdo con ARTICLE 19, en muchos casos los recursos legales provienen de personas con cargos públicos o aspiraciones políticas, lo que incrementa el desbalance de poder frente a periodistas independientes. Un punto de preocupación es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), que en algunos procesos se ha instrumentalizado como herramienta de censura.

Aunque Tlaxcala no presenta una incidencia tan alta como otras entidades, la organización advierte que el acoso judicial genera un efecto de autocensura, pues periodistas prefieren evitar investigaciones de interés público ante el riesgo de enfrentar costosos y prolongados litigios.

ARTICLE 19 recordó que el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión, reconocida en la Constitución y en tratados internacionales. Asimismo, llamó a las autoridades judiciales y electorales a abstenerse de utilizar mecanismos legales como herramientas de hostigamiento, y a promover reformas que impidan abusos en contra de la prensa.

En el panorama nacional, el acoso judicial se suma a la violencia física y digital contra periodistas, configurándose como una forma de censura que, aunque en Tlaxcala solo ha dejado dos registros en 2025, refleja que esta estrategia legal se ha extendido y amenaza con normalizarse en el país.