La figura “violencia política por razones de género”, creada para proteger a mujeres en política, ahora es usada para censurar a periodistas y ciudadanos. Morena concentra 60% de casos en estados como Veracruz y Campeche. Organizaciones denuncian el abuso de esa figura legal.

Fuente: PROCESO

Surgida como una figura para  reivindicar el papel de la mujer en la esfera pública, la violencia política por razones de género (VPRG) se ha convertido en una herramienta que busca silenciar y generar un efecto amedrentador entre periodistas y ciudadanos críticos a la actuación de personajes públicos y políticos, alertan representantes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

La proliferación de casos en los que se acusa de VPRG ha detonado preocupación entre los defensores que ven un mal uso de esa herramienta jurídica.

Basta visitar el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, en el portal del Instituto Nacional Electoral (INE), que al 14 de agosto consideraba a 476 sancionados por presuntamente haber incurrido en ese tipo de violencia.

Uno de los más conocidos ha sido el caso de “Dato Protegido”, como se le ha llamado a la diputada del oficialista Partido del Trabajo Karina Barreras Samaniego, quien logró que el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionara a una ciudadana para que, además de pagar una multa, se disculpara durante 30 días continuos en su cuenta de X por haber emitido opiniones críticas que la involucraban.

En imagen, la sentencia del Tribunal Electoral contra una ciudadana por criticar a «Dato protegido». Foto: Especial

También está el de la gobernadora de Morena de Campeche, Layda Sansores, quien ha conseguido acallar al director del diario Tribuna de Campeche por dos años, Jorge González, y a otros periodistas.

Otro más es el de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, también de Morena, quien acusó de violencia política y discriminación a un creador de contenido en redes sociales, Jesús Castañeda Arellano, por publicar información relacionada con el presunto desvío de 800 millones de pesos públicos destinados a obras de reconstrucción tras el paso del huracán Otis, en 2023.

De los 476 sancionados por ese tipo de violencia, 80 están catalogados como periodistas, columnistas, directores de medios de comunicación y medios de comunicación, en tanto que cinco son creadores de contenido en redes sociales, que en conjunto representan 17.85% de los casos.

De acuerdo con la revisión realizada por esta reportera, la mayoría de los castigados por cometer VPRG se ubicaron en estados gobernados por Morena, 16 en Veracruz, 15 en Campeche y 10 en Tabasco.

Con cinco casos en cada entidad se registraron en Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Jalisco, seguidos de Morelos, Estado de México y Puebla con cuatro cada uno, así como Tamaulipas, Guanajuato, con tres cada entidad; mientras tanto, Coahuila tiene dos sancionados, y entidades como Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Hidalgo y Chihuahua con un caso cada uno.

Por sexo, 69 de las personas que pertenecen al gremio periodístico son hombres, 10 mujeres y a dos no se les adjudicó sexo.

LEE AQUÍ LA NOTA COMPLETA: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/8/19/de-proteccion-represion-asi-es-como-morenistas-usan-ley-de-genero-para-censurar-la-critica-357056.html