Un video grabado dentro del Cereso de Apizaco expuso presuntos abusos, asesinatos y complicidad institucional

Por Stephany Rodríguez

Una serie de denuncias por presuntas extorsiones, amenazas de muerte, castigos ilegales, abusos de poder y violaciones sistemáticas a los derechos humanos han puesto bajo la lupa al sistema penitenciario de Tlaxcala, particularmente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la capital y el de Apizaco. El protagonista de esta denuncia es Ventura -N-, persona privada de la libertad, quien decidió romper el silencio desde el encierro.

El pasado 12 de junio, Ventura, por medio de sus familiares, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acusando a mandos penitenciarios de presuntamente someterlo durante más de un año a una red de extorsión. Según su testimonio, fue obligado a realizar pagos mensuales de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos para conservar su puesto en el taller de pinzas del penal y evitar sanciones o aislamientos. En el expediente se anexaron datos bancarios y transferencias presuntamente vinculadas a un comandante.

Como parte de su denuncia, expuso que algunos internos, entre ellos el propio Ventura, son sacado del penal para realizar atracos en gasolinerías, adicionalmente, dijo que son obligados a cometer asesinatos.

A esta acción legal se sumó una queja promovida por su esposa ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), en la que relató un patrón de amenazas, represalias y traslados arbitrarios presuntamente ordenados desde altos niveles del sistema penitenciario.

En un video grabado el 31 de julio desde el interior del penal de Apizaco, el detenido que purga una condena, describió supuestos robos, golpizas, amenazas y hasta asesinatos de internos como forma de control. El material se viralizó en redes sociales y ha sido replicado por medios de comunicación locales, generando diversas reacciones y cuestionamientos hacia las autoridades.

En la grabación, Ventura acusa directamente a mandos penitenciarios y asegura haber recibido amenazas de muerte. También solicitó ayuda a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger a su familia, alegando que recientemente fue incendiada la casa contigua a la de sus seres queridos como advertencia.

Afirmó que tras negarse a continuar con los pagos de supuestas extorsiones de los directivos, fue retirado de su puesto, despojado de sus pertenencias y trasladado al penal de Apizaco sin previo aviso a su familia. Según su testimonio, un comandante le advirtió que “ya sabían cómo hacer que pareciera algo natural” si sufría un accidente.

Las acusaciones no solo apuntan a los mandos señalados, sino también a directivos del sistema penitenciario de Tlaxcala, a quienes se les atribuye tolerar o beneficiarse de las presuntas extorsiones.

Postura oficial de la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos señalados en el video. A través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, se han iniciado procedimientos internos y recabado información para determinar la veracidad de las acusaciones, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.

La dependencia indicó que, con base en el artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aplicó una medida de vigilancia especial a Ventura -N- para proteger su integridad, debido a que, a su llegada al Cereso de Apizaco, presentó conflictos con otros internos.

Asimismo, la SSC aseguró que colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para trabajar de manera conjunta y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable. La institución reiteró su compromiso de actuar con transparencia, objetividad y apego a la ley.

Hasta el momento, ni la Fiscalía, ni la CEDHT han informado avances en las investigaciones ni sobre medidas de protección adicionales para el denunciante, quien permanece recluido en Apizaco a la espera de una resolución.