Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

El probable intento de suicidio de una menor de edad en las instalaciones de un Centro de Atención Social (CAS) del DIF estatal, no ha sido el único episodio preocupante registrado en los albergues de esa institución, ya que durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros lo mismo ha habido fugas de niños y adultos migrantes, que un amotinamiento protagonizado también por personas sin acreditar su situación legal en el país.

La noche del 5 de agosto, trascendió que una persona, de entre 12 y 15 años de edad, supuestamente intentó quitarse la vida con unas agujetas que habría utilizado para colgarse de un punto fijo.

De acuerdo con varias versiones de reporteros que cubren la fuente, trámites burocráticos retrasaron el traslado de la menor a un hospital.

En respuesta, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) emitió un comunicado en el cual informó que “la noche de este martes se presentó una situación de emergencia en el Centro de Asistencia Social (CAS), en la que se vio involucrada una adolescente que se encuentra fuera de peligro”.

Sostuvo que, “gracias a la oportuna intervención del personal especializado del CAS, se activaron de inmediato los protocolos establecidos para la atención de crisis, salvaguardando la integridad de la adolescente”.

Agregó que se solicitó el apoyo de las instituciones de auxilio correspondientes, cuyo personal acudió al CAS, ubicado en Acuitlapilco, para brindar atención médica y psicológica.

Afirmó que el Sedif Tlaxcala “ha mantenido en todo momento un acompañamiento cercano, priorizando el interés superior de la niñez, garantizando atención médica especializada y contención emocional de la adolescente”.

“Por respeto a la privacidad de la adolescente involucrada y en estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes, el Sedif Tlaxcala no emitirá mayores detalles sobre lo ocurrido, nuestra prioridad es garantizar su bienestar, dignidad e integridad”, advirtió.

LOS OTROS CASOS

En los casi cuatro años que lleva de gestión, el gobierno de Lorena Cuéllar acumula —al menos con los datos periodísticos de los que se tiene registro— el escape de 23 migrantes centroamericanos, entre ellos 15 menores de edad, la mayoría de los cuales viajaban solos, de albergues a cargo del DIF estatal.

El común denominador de esos cinco casos han sido las omisiones, contradicciones y reacciones tardías de las autoridades de distintas áreas del gobierno morenista, pero principalmente del DIF estatal presidido de manera honorífica por Mariana Espinosa de los Monteros, hija de la mandataria.

El 5 de julio de 2023, un total de 14 guatemaltecos y hondureños —seis menores de edad, cinco hombres y tres mujeres— se amotinaron para luego escapar de las instalaciones del Albergue Temporal para la Niñez Migrante Acompañada, ubicado en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Inexplicablemente, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas (Fepdnl) —dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)— tardó cuatro días en emitir las respectivas fichas de búsqueda en sus redes sociales, pero ocultó que todo fue resultado del amotinamiento.

Sobre el caso, la Segob se limitó a informar en su momento que esas personas “salieron por voluntad propia”, pero un parte informativo de la policía municipal de Santa Cruz Tlaxcala confirmó que sí escaparon del albergue.

El domingo 29 de enero de 2023, dos menores que estaban bajo resguardo del DIF estatal, escaparon del Centro de Asistencia Social (CAS), ubicado en el fraccionamiento Los Girasoles, en el municipio de Tzompantepec.

El 7 de octubre de 2021, un adolescente de 17 años —que también estaba bajo resguardo del DIF estatal— burló al personal de la institución y escapó al momento de ser llevado al Hospital Regional de Tzompantepec a una revisión médica.

Antes, el 20 de septiembre de ese mismo 2021, un adolescente de nacionalidad hondureña y residente permanente por refugio en México, escapó de un Centro de Asistencia Social (CAS) a cargo del DIF de Tlaxcala, al cual ingresó el 9 de julio de ese mismo año.

Por ese hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 25/2023 al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a autoridades estatales de Chiapas y Puebla, también involucradas en el caso.

La recomendación también fue para la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, Flor de María López Hinojosa, por no garantizar a ese menor de edad “una atención efectiva y oportuna”.

La CNDH concluyó que “las acciones tardías realizadas por la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala (Ppnnat), derivaron en la evasión” del adolescente hondureño.

Un día antes de que escapara esa persona, el 19 de septiembre de 2021 otros cinco menores de edad migrantes también se evadieron de un albergue a cargo del DIF estatal.

Los cuatro menores originarios de Honduras y uno de El Salvador, fueron vistos por última vez ese día en las inmediaciones de la exfábrica de San Manuel Ubicada en San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

No fue sino hasta el martes 21 de septiembre de ese año cuando la Coordinación de Alerta Amber Tlaxcala emitió los boletines de búsqueda respectivos y además la PGJE inició la carpeta de investigación C.I.A.I.FEPDNL.TLAX-1/89/2021.

DOS DETENIDOS

A principios de agosto de 2024, sin precisar detalles, la Secretaría de Gobierno (Segob) desveló que “recientemente”, dos empleados del Albergue de Migrantes no Acompañados de Tlaxcala —señalados por su presunta responsabilidad en “conducta delictiva”— fueron cesados y denunciados por la vía penal, además de que la Función Pública les inicio un procedimiento administrativo.

De acuerdo con una nota firmada por la reportera Karla Muñetón y publicada el 3 de agosto en El Sol de Tlaxcala, esas decisiones fueron tomadas a petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —dependiente del DIF Estatal—, “tras detectar presuntas omisiones a las normas establecidas por el organismo, relacionadas con la administración y operación del ente”.

Lo único que se sabe es que esas dos personas prestaban sus servicios en el albergue del DIF estatal, ubicado en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Con relación a esos hechos, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en cumplimiento a sus atribuciones, emitió un supuesto comunicado en el que desveló “la inmediata ejecución de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia de un servidor público”. Esa información no fue corroborada por la institución a cargo de Ernestina Carro Roldán.

En ese mismo boletín, se replicó lo que antes dio a conocer la reportera Karla Muñetón, aunque no se precisó cuándo se ejecutó la orden de aprehensión ni el delito imputado.

Hasta ahora se desconoce si esas acciones tuvieron relación alguna sobre los cinco casos de personas migrantes que han escapado de albergues a cargo del DIF estatal en los casi cuatro años de la actual administración, o si se refieren a algún otro hecho.

Faro Noticias ha dado seguimiento al tema y en varias ocasiones ha pugnado por obtener una versión oficial, pero el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha preferido guardar silencio.

Incluso, desde el primer hecho registrado el 19 de septiembre de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) informó que “derivado de la información que se reúna en esas actuaciones, el organismo actuará como corresponda de acuerdo con la normatividad”. A casi cuatro años de esos acontecimientos, la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer no ha informado qué ha hecho al respecto.