Por Edgardo Cabrera

Ocultar la información nunca será una buena señal para un gobierno, menos para aquellos que llegaron con la promesa de transparencia.

Y esto viene a colación por la contestación a una solicitud de información relacionada con las “blindadas del bienestar familiar”fechada el pasado 28 de febrero y mediante la cual se declaró como “reservados” los datos por un lapso de 5 años, luego de que el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor de Gobierno acreditó supuestamente “la prueba de daño”.

Esa determinación es, por decir lo menos, incongruente, dado que ya habían contestado a otra solicitud y proporcionado los datos del número de camionetas, tipo, gasto y empresa beneficiada con la adjudicación directa, en la respuesta a esta solicitud, que fue posterior, vale precisar, se negó la información, pese a que era prácticamente el mismo requerimiento.

Qué es lo que quisieron ocultar, ya dimos cuenta de parte de un expediente que favorecía a una empresa de la Ciudad de México carente de especialización en blindaje, pero dicen que hay otro, el “bueno”, pero está reservado, ¿por qué?, ¿en verdad existirá otro?, y, por cierto, en aquello de la “prueba de daño”, vale decir, en la primera contestación el gobierno estatal dio santo y seña del tipo de blindaje de las unidades, lo que podría constituir un riesgo, pero saber el proceso, cómo se compraron y quiénes usan esas camionetas, es transparentar el gasto público.

UN MES

Se cumple un mes de la extinción del  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de  Datos Personales de Tlaxcala y hoy sabemos que el organismo devolvió a la Secretaría de Finanzas 1 millón y medio de pesos de su presupuesto, dinero del que el estado no informó nada.

El hecho es para Ripley. Históricamente han desaparecido, creado, y vuelto a extinguir un sinfín de dependencias a las que les cambian el nombre, las hacen más obesas, a otras las dejan escuálidas, unas más las elevan a rango de secretarías, otras las degradan, en fin, pero nunca hemos sabido que en estos proceso hayan devuelto dinero, por el contrario, hasta salen debiendo.

En el sexenio de Mariano González, recordemos, se ordenó la reducción en el número de diputados de 32 a 25, y distritos de 19 a 15, el pretexto, así lo dijo el apizaquense contador, era ahorrar recursos económicos, amén de que decía que no se justificaba tener a tantos, en tan poco territorio y población, pensó lo mismo con los ayuntamientos, pero sabía que una determinación así incendiaría al estado, por tanto, solo se enfocó en el Congreso.

Pero ¡oh sorpresa!, al arrancar la administración de Marco Mena, el poder legislativo siguió operando con el mismo presupuesto, incluso creció en razón a la inflación, los nuevos diputados se repartieron las prerrogativas de las siete curules extintas.

Por ello, reitero, llama la atención que el ex presidente del desaparecido IAIP, Arturo de Casa Vega regresara dinero, pese a la resistencia de algunos de sus colegas que le pedían dejar en cero las finanzas, y no me extraña, teniendo como antecedente lo que le cuento.

Ahora solo resta ver si ese dinero termina en los bolsillos de los ex trabajadores, 38 para ser exactos, que aún esperan ser finiquitados porque los tienen aún entretenidos con el proceso de entrega recepción con la promesa de que en 45 días, de acuerdo con el artículo 6 transitorio del decreto 155 publicado el 30 de junio que da por desaparecido el IAIP, se les liquide.