Acusados falsamente de robo de autopartes, Guadalupe y su hijo enfrentan antecedentes penales mientras el inmueble, heredado por generaciones, ya tiene un nuevo dueño y una construcción en su lugar.

Fuente: PROCESO

La familia Lozada cumple un año de haber sido expulsada arbitrariamente de su hogar, en la alcaldía Venustiano Carranza, a causa de un operativo policial que usó contra ellos una orden de cateo por un supuesto robo de vehículos. Así se apropiaron del edificio. Mientras la madre y el hijo menor de la familia enfrentaban el proceso penal amañado, el lugar fue entregado a una tercera persona y demolido con las pertenencias de la familia dentro.

El recuerdo es removedor pese al tiempo transcurrido porque el impacto ha sido fuerte: “Perdimos la casa y todas nuestras pertenencias, perdí mi trabajo y como nos sentenciaron por ese delito falso, ahora tengo antecedentes penales y todo es más complicado”, cuenta en entrevista Guadalupe Ramírez Valdés, la madre de la familia, quien fue presentada ante los medios de comunicación como responsable de un delito que no cometió.

“Mi hijo siempre ha sido callado, pero desde ese día prácticamente le cortaron sus alas. Él había juntado con mucho esfuerzo para su pasaje para viajar fuera del país y tampoco pudo hacerlo. No quiere recordar el tema y lo entiendo, porque a mí también me duele todavía”, explica.

La criminalización que vivió esta mujer y su hijo de 23 años sólo cobran sentido frente al año y medio previos de hostigamientos, amenazas, intentos de desalojo e invasión que la familia padeció desde mayo de 2023 para que abandonara la vivienda familiar (que compró su bisabuela y habían habitado por generaciones) argumentando que había “un nuevo dueño”. Pese a que acudieron a denunciar todos estos hechos a la fiscalía territorial de Venustiano Carranza, no le dieron andamiento a ninguna de sus denuncias, reclamándoles las escrituras de la casa para atenderlas. La familia resistió hasta que llegó el operativo policial el 9 de julio de 2024.

Fabricación de delitos

Guadalupe y su hijo estaban solos ese mediodía del operativo porque Daniel, el padre, había salido a comprar refacciones para las bicicletas que repara, cuando llegó una vecina a traerle su compra de leche Conasupo. Entonces vio que llegaban las patrullas.

“Como anteriormente nos habían ido a hostigar, cerré la puerta y le grité a mi hijo que se querían volver a meter”, recuerda. Según los documentos a los que Proceso pudo acceder sobre el caso, para el operativo se dispusieron 11 agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 11 peritos en criminalística, 11 peritos de fotografía, seis peritos en mecánica forense y 14 policías de la Ciudad de México. Es decir: un megaoperativo.

En total, utilizaron 20 vehículos para su traslado, y una vez desplegados frente a la casa, comenzaron a golpear la puerta de chapa de una sola hoja, que vibraba su decoración con pintura de colores, acusando el golpe del ariete. “Primero me dijeron que venían por un tal Julio y yo les gritaba que ahí no vivía ningún Julio. Les exigí la orden, y me dijeron que tenían que entrar porque traían una orden de cateo”, relata la madre.

Calle 31, Ignacio Zaragoza. La nueva construcción tras el despojo. Foto: Eliana Gilet

Cuando finalmente rompieron la chapa y entraron por la fuerza, le ordenaron que se sentara y al ver que el hijo grababa, los policías se fueron contra él y le quitaron su teléfono. Los separaron. “Yo les decía que nos dejaran salir, en mi nerviosismo, mi estupidez, pensaba ahora ¿qué va a pasar?, y ellos nomás se me quedaban viendo y se empezaban a reír. Fue cuando una policía me dijo: ´Ya no les alegue nada, haga lo que le digan´. Entonces, escuché que mi hijo gritaba y me les eché a correr. Fue cuando me di cuenta que lo estaban golpeando, y él gritaba ¿cuáles armas? ¡nosotros no tenemos armas!”

Mientras la madre gritaba a su vez para detener la golpiza, fue empujada contra el clóset del cuarto, y los policías le señalaron una bolsa que dentro tenía una pistola. También colocaron entre las pertenencias de su hijo “un fierro largo, como en cruz dónde él tenía su ropa. Ahí teníamos una Biblia y la tiraron al piso. Yo les dije que eso no estaba en mi casa, que lo habían puesto. Y se empezaron a reír. ¿Cómo cree señora? Esto es muy caro tenerlo. Precisamente, les dije, ¿no ves cómo vivo? ¡Voy al día! ¡Mi esposo arregla bicicletas! ¿Por qué me están haciendo esto? O sea, ¡esto tú me lo fincaste, tú lo pusiste!”, relata la mujer.