Aunque el estado no reporta deuda, ocupa el lugar 30 en ingresos propios y la percepción de corrupción alcanza el 76%.

Por Stephany Rodríguez

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2025, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Tlaxcala se posiciona con fortalezas en materia de endeudamiento público, pero mantiene retos importantes en transparencia, percepción de corrupción y generación de ingresos propios. El estudio tiene como eje el análisis de áreas estratégicas que podrían aprovecharse frente al contexto del Plan México, propuesto para elevar la competitividad nacional.

Uno de los datos más sobresalientes es que el estado registra 0% de deuda estatal y de organismos estatales en relación con sus ingresos totales, lo que lo coloca en el primer lugar nacional en este indicador. Este resultado evidencia una política de endeudamiento conservadora y una gestión responsable del pasivo financiero.

Sin embargo, en el indicador de ingresos propios, Tlaxcala ocupa la posición 30, al generar únicamente el 6% de sus ingresos totales por esta vía, lo que refleja una dependencia significativa de las transferencias federales. Esta limitación representa un desafío para el fortalecimiento fiscal y la autonomía financiera de la entidad.

En términos de percepción ciudadana sobre la corrupción estatal, el panorama es preocupante: 76% de la población urbana mayor de 18 años considera que las prácticas corruptas en el estado son frecuentes o muy frecuentes, ubicando a Tlaxcala en el sexto lugar nacional con peor percepción en este rubro.

En contraste, la entidad registra una alta participación ciudadana, con un 64% de votos emitidos respecto a la lista nominal, lo que le otorga la tercera posición nacional en este indicador. Asimismo, ocupa también el tercer lugar en consulta de información de finanzas públicas, con un 20% de la población urbana que ha buscado datos relacionados con el gasto gubernamental.

No obstante, en el índice de mejora regulatoria, Tlaxcala se ubica en la posición 22, con un puntaje de 35.1 sobre 100, lo cual refleja oportunidades de mejora en la eficiencia administrativa, reducción de trámites y fomento a la competitividad empresarial.