Éstos son los casos más controvertidos de los nuevos jueces y magistrados del TSJCDMX, desde sobrinas de gobernadoras morenistas hasta implicados en tortura y violencia vicaria.

Fuente: PROCESO

Desde personas cercanas a la 4T hasta cuestionadas por delitos como tortura fueron algunos de los perfiles que resultaron electos por voto popular para ocupar uno de los puestos de juez o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Entre los nuevos impartidores de justicia se encuentra María Fernanda González Nahle, sobrina de la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle.

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González Nahle será magistrada Civil. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subdirectora de Verificación en el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De acuerdo con su semblanza curricular, en 2017 formó parte del equipo de asesores del senador priista José Marco Antonio Olvera, quien actualmente es delegado general del tricolor en Zacatecas.

Otro cercano a grupos influyentes del morenismo es Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. En 2020 fue designado agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina, donde después fue nombrado líder coordinador de Proyectos en la oficina de Ulises Lara, cuando éste quedó como encargado de la institución.

Zeila Eunice Pérez Herrera será magistrada en Justicia para Adolescentes, luego de que hasta el 31 de marzo último se desempeñó como directora de Instrumentos Normativos y Administrativos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, con quien trabajó como directora jurídica en la alcaldía Iztapalapa.

Denuncias y señalamientos

Entre los juzgadores con antecedentes cuestionados se encuentra Carmen Alejandra Lozano Maya, quien será jueza penal pese a que en 2020 tuvo que dejar su cargo como ministerio público en el Estado de México, luego de casi dos décadas en activo. Se separó del cargo porque fue denunciada por actos de tortura, abuso sexual y extorsión en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Edomex desechó la denuncia por falta de pruebas, pero después fue denunciada nuevamente por actos de corrupción y abusos por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, durante un foro legislativo realizado en 2020. Sin embargo, tampoco fue sancionada.

También es el caso de Alejandro Torres Jiménez, quien será magistrado civil. En 2017 fue sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura capitalino por supuestas faltas administrativas en el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra la empresa Google.

En aquel momento, Torres era juez Octavo Civil y fue acusado por Richter Morales de dilatar dolosamente el juicio al ordenar 10 intentos para notificar al autor material de las publicaciones reclamadas por el jurista, en un periodo de 12 meses, lo que implicó un promedio de un intento de notificación por mes que mantuvo, todo ese tiempo, empantanado el asunto.

Otro caso es el de Miguel Morales Monter, quien logró quedarse como magistrado familiar pese a que, como juez Quinto Familiar, cargo que ocupaba hasta septiembre último, fue señalado continuamente como cómplice de hombres que ejercen violencia vicaria por favorecerlos con sus determinaciones.

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