Pese a denuncias por presuntos abusos y hasta tortura cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el Estado de México, la candidata Carmen Alejandra Lozano Maya ganó la elección

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

Tras ser denunciada por presuntos actos de tortura, abuso sexual y extorsión, Carmen Alejandra Lozano Maya dejó en 2020 el cargo de agente del Ministerio Público que ocupó durante aproximadamente dos décadas en el Estado de México. Cinco años después, figura como la candidata con mayor número de votos para ocupar una jueza penal en la Ciudad de México, según los resultados de la elección judicial celebrada el 1 de junio.

Según el resolutivo del “procedimiento de presunta responsabilidad administrativa” emitido por la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, la entonces agente del Ministerio Público, Carmen Alejandra Lozano Maya, encabezó un operativo de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Héroes Tecámac, en el que participaron al menos 25 funcionarios ministeriales con el rostro cubierto.

Durante el operativo, los funcionarios ministeriales, bajo la dirección de la agente Lozando Maya, ingresaron a un inmueble distinto al señalado en la orden de cateo. En ese lugar, una mujer y su hija menor de edad denunciaron haber sido privadas de la libertad, golpeadas, tiradas al piso y esposadas. Luego, a la madre de familia le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello, para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo sus partes intimas, y “la persona que la revisó no era del mismo sexo”.

Según la denuncia de las víctimas, en el momento en que estos abusos sexuales y de tortura eran perpetrados por agentes ministeriales hombres, “la menor de edad citada le indicaba a la mencionada Agente del Ministerio Publico (Carmen Alejandra Lozano Maya, a cargo del operativo) que era menor de edad, a lo que le contestaba que le valía madres”.

En la denuncia presentada por la familia se señala que, durante el operativo, al domicilio llegó el segundo hijo de la mujer, quien también era menor de edad al momento de los hechos. Según el testimonio, fue inmovilizado y sometido a agresiones físicas.

 “No se omite señalar –se enfatiza– que dichos servidores públicos pidieron la cantidad de 150 mil pesos para que no siguieran torturando al hijo de la denunciante”, se lee en la denuncia.

Al no contar con la cantidad solicitada, los dos menores fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Los Héroes Tecámac, mientras que su madre fue liberada con el propósito de que reuniera el dinero exigido.

“No sabía a dónde acudir –señala la madre, víctima de los abusos, en el documento de denuncia que presentó en 2019–, y cuando creí que una autoridad me ayudaría, terminó pidiéndome dinero para liberar a mis hijos, que ni siquiera habían cometido un delito”.

Según la denuncia, ya en la agencia del MP, Carmen Alejandra Lozano Maya fue la encargada de reiterar a la madre de familia que “si quiere ver a sus hijos libres, tiene que entregar 150 mil pesos”. Mientras tanto, sus hijos permanecerían detenidos, como garantía del pago.

“Me dijo ‘que se junte ciento cincuenta varos, y ya ahorita se los lleva, si no, se van a chingar a Toluca –se lee en el documento–… Yo le dije que sólo tenía setenta y cinco mil pesos, me dijo; ‘vete a juntar la lana, mejor’.”

Hacia las 23:00 horas, tras obtener el dinero, los familiares de los dos menores retenidos lo entregaron a un funcionario identificado por ellos como el superior jerárquico de la agente Lozano Maya. “Fue ahí cuando mi [familiar] le entregó el dinero en su mano”, relató la madre.

Tras la entrega del efectivo, los menores fueron liberados sin cargos.

Aunque la denuncia de esta familia incluía actos delictivos, como abuso sexual, tortura y extorsión, la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México decidió iniciar una indagatoria en contra de los agentes señalados sólo por el delito de “cohecho”, que cometen los funcionarios públicos cuando reciben dinero o beneficios por parte de terceros, para desempeñen su labor de forma sesgada.