Existen más de mil 300 casos pendientes; se agrega la falta de trayectoria de 6 de los 9 electos, por lo que el riesgo de sanciones o las justificaciones serán constantes, indican expertos

Fuente: EL UNIVERSAL

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará retos monumentales, entre los que destacan el rezago de mil 300 casos, la inexperiencia como ministros de seis de los nueve que resultaron electos, y el riesgo de sanciones luego de que la reforma judicial estableció un plazo de seis meses a partir del conocimiento del asunto para resolver los casos del Máximo Tribunal del país.

De acuerdo con la ley, los nuevos ministros de la Corte tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 y ya no operarán la Primera y la Segunda Sala del Máximo Tribunal, las cuales enfrentan un rezago actual de 509 y 111 asuntos, respectivamente.

Además, de acuerdo con información pública de la SCJN, el pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros.

Lo anterior implica que los nuevos ministros recibirán más de mil casos pendientes que deberán resolver a marchas forzadas, pues la reforma judicial establece, en su artículo 17: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.

De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte e informes anuales, en 2023, la primera sala, la segunda sala, y el pleno de la Suprema Corte resolvieron en su conjunto un total de 4 mil 299 asuntos, mientras que en 2024, las salas y el pleno resolvieron 3 mil 853 asuntos.

Con la nueva realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendrá el apoyo de las salas y 100% de los asuntos los deberá resolver el pleno, que además pasa de tener 11 a nueve ministros.

Por si fuera poco, de los aspirantes electos para ministros de la SCJN en los comicios del pasado 1 de junio, sólo Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel tienen experiencia en el cargo, mientras que los seis restantes deberán atravesar por una curva de aprendizaje.

Esa curva no podrá ser prolongada, pues quienes no resuelvan en el plazo establecido deberán justificar los motivos ante el Tribunal de Disciplina Judicial y en caso de no hacerlo podrán ser sujetos de sanciones como amonestación, suspensión, sanción económica, e incluso la destitución.

Especialistas advierten un cúmulo de documentos justificatorios y permisividad por parte de Tribunal de Disciplina Judicial.

Para los expertos, las condiciones en que funcionará la nueva Corte y los resultados de la elección judicial son producto de una reforma hecha “desde la ideología”, que dejará rezago en la resolución de casos por falta de experiencia y de carrera judicial de los nuevos integrantes.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, detalló que el objetivo de los comicios “era capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo”, por lo que calificó el proceso como “la cooptación del Poder Judicial consumada”.

Recordó que pese a que la ley establece un plazo de seis meses para resolver los asuntos a partir de que se conozcan, en el artículo 20 se establece que “en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora”.

Por lo anterior, advirtió un cúmulo de documentos justificantes y permisividad por parte de los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial.

“Vendrá una ola de escritos con justificaciones como “es que acabamos de llegar”, “son muchos casos”, “había mucho rezago”, “fue producto del régimen anterior”, y hay una alta probabilidad de que el tribunal los excuse, y esto lo digo con cierta certeza porque el tribunal, de acuerdo a los cómputos, quedará integrado con personajes afines a Morena, son viejos conocidos de las filas del partido en el gobierno, sentenció.

El constitucionalista también de la UNAM, Francisco Burgoa, consideró que la elección no fue otra cosa que una simulación: “La legitimidad no se obtiene sólo con votos, sino con procesos confiables, con estándares democráticos y esta elección claramente no lo fue y sí fue una simulación”, subrayó.