Responde a intereses políticos y de grupos paritarios, acusaron

Por Selene Sosa

La ratificación de Jakqueline Ordoñez Brasdefer al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT) se llevó a cabo en un proceso sin transparencia, además de que su reelección responde a intereses políticos y de grupos paritarios, dejando en la indefensión a quienes víctimas, así lo acusaron activistas y colectivos estatales y nacionales.

Al menos una veintena de asociaciones civiles, colectivos, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos emitieron un pronunciamiento para reclamar por la falta de transparencia en el proceso de designación de la persona titular de la Presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión.

Por medio de un pronunciamiento difundido en redes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron el proceso establecido por las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala para la renovación de la presidencia del organismo autónomo, así como para la integración de su Consejo Consultivo.

“El procedimiento no garantizó en ningún momento los principios de transparencia, participación ciudadana ni los más altos estándares para cubrir el perfil para la presidencia que requiere no sólo de conocimiento técnico, sino que exige de una cercanía con los contextos actuales que enfrentamos en el estado, sentido de humanidad, principio de autonomía e imparcialidad”.

En este sentido, las organizaciones firmantes remarcaron el conflicto de intereses que existe entre la ratificada ombudsperson con la titular del Poder Ejecutivo Local, Lorena Cuéllar Cisneros, así como la Recomendación 47/2003 contra Jakqueline Ordoñez, emitida por la Comisión Nacional de Derecho Humanos.

Además, recordaron el pésimo desempeño de la esposa del actual Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Manuel Vázquez Conchas, ya que en sus yerros como Presidenta de la CEDHT en la administración 2021-2025 se enlistan el silencio ante la ola de violencia contra las mujeres, los feminicidios y las desapariciones de personas.

Así como la colaboración con el Gobierno Local de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para criminalizar la marcha feminista del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, puesto que negó que hubiera secuestros arbitrarios de marchistas y el uso de la fuerza policial para la represión de las expresiones.

También, recordaron que la ombudsperson fue cómplice del actuar omiso y violatorio de derechos humanos del titular de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Panotla, “Benito Juárez” que confluyó con la muerte de una estudiante.

A ello se le suma la falta de trabajo en el caso de Keren Ordoñez, presa injustamente en Tlaxcala desde 2015, así como la burla que junto con sus pares de otras entidades federativas hicieron ante la vulnerable situación de las personas en tránsito, entre otras deficiencias en su encargo.

“Se reelige a una persona que no ha garantizado el funcionamiento conforme a la ley de este organismo, sino que ha servido a los intereses de un gobierno indolente, violento y de simulación, lo que aumenta las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos todos los días como ciudadanía. A pesar de la evidente incapacidad y falta de compromiso de vigilar el actual de instituciones para la garantía de los derechos humanos, la CEDHT se ha convertido en un este que ha legitimado el abuso del poder, la impunidad, las acciones de omisión y la violencia con la que operan las autoridades de este gobierno”.

Por ello, las 16 organizaciones firmantes exigieron al Congreso de Tlaxcala hacer pública la metodología y criterios utilizados para la evaluación de las personas aspirantes, tanto para la presidencia de la CEDHT como para la integración de su Consejo Consultivo.

En tanto, a Jakqueline Ordoñez solicitaron que presente un programa integral que responda a una agenda clara para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de todos los grupos socialmente vulnerados en el estado.

Mientras, al Poder Ejecutivo exigieron que inyecte de mayor presupuesto a dicho organismo autónomo, con el fin de que este esté pensado y designado para atender las necesidades que actualmente se viven en Tlaxcala en materia de derechos humanos y que este presupuesto sea vigilado en su aplicación.

Así lo firmaron Defensoras y defensores de derechos humanos auto convocados; Arthemisas por la Equidad, A.C.; Casa Cultural Tochantsin; Colectivx Diversidad; Colectiva Medusas Sufragistas; Colectivo Mujer y Utopía (CMU); Designaciones Públicas. Observatorio Ciudadano; Escenario Tlaxcala; Justicia Pro Persona, A.C.; y Malinalli Espacio Común.

Así como Maya sin Fronteras A.C.; Mujeres Libres COLEM, A.C.; Red de Víctimas de Tlaxcala; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC); y Yureni A.C.