Hugo Aguilar, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. “No nos representa”, denuncian en entrevista.

Fuente: PROCESO

“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.

Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

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También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.

En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.

Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.

Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.

Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.

“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.

Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.

“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.

En sus inicios «nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.

Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

«Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades», sostiene Galván.

Galván menciona que después de que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.

«Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)», señala Galván.

«Ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, con momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar, así porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y a tener autonomía», ironiza, aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI Adelfo Regino.

Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.

Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.

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