Con el propósito de combatir la corrupción

Por Selene Sosa

A fin de combatir y erradicar la corrupción, la Diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Laura Yamili Flores Lozano, presentó ante el Pleno del Congreso Local una iniciativa para reconocer en la Constitución Política del Estado el reconocimiento del derecho humano a la “Buena Administración Pública”.

La integrante de la LXV Legislatura resaltó que, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no considera el derecho humano a la buena administración pública, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la Administración Pública sí.

Y es que, este último establece los principios y bases para la construcción de una administración pública más humana, más justa y más equitativa, es decir, menos burocrática ya que pone al ciudadano en el centro como beneficiario de las acciones para resolver y atender sus necesidades públicas.

El reconocimiento del derecho humano a una buena administración pública ya ha sido adoptado por algunas legislaturas estatales, que han mostrado avances significativos en el desarrollo social y el combate a la corrupción, tan es así que los Tribunales Federales han empezado a emitir algunos criterios jurisprudenciales a efecto de reconocerlo.

“La presente iniciativa busca establecer en la Legislación… el derecho a la buena administración pública, el cual será ejercido en base a los valores como dignidad humana y honestidad… participación ciudadana informada, accesibilidad, prontitud, eficacia, generalidad, uniformidad, continuidad, calidad y uso de tecnologías de la información, comunicación, asequibilidad, adaptabilidad, regularidad y claridad”

Lo anterior, según expuso la perredista, sensibilizará a los servidores públicos del estado y coadyuvará al combate de la corrupción, por lo que propuso adicionar el Artículo 19 TER a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

De modo que quede de a siguiente manera: “Artículo 19 TER: El Estado reconoce y garantiza el derecho humano a la buena administración pública, a través de dependencias, instituciones y organismos cuya actuación se regirá bajo los principios de honestidad, profesionalismo, legalidad, eficacia, eficiencias, generalidad, uniformidad, continuidad, calidad y uso de tecnologías de la información, comunicación, transparencia y rendición de cuentas, tendiendo a satisfacer el interés público y combatir la corrupción…”