El 75% de las descargas industriales se concentran en Tlaxcala

Por Selene Sosa

Durante la presentación del “XXIII Informe de actividades: Ante las violencias persistimos en el compromiso y la esperanza en la Cuenca del Alto Atoyac”, activistas y ambientalistas expusieron que la falta de presupuesto y la visión de saneamiento como cuenca, ha retrasado la recuperación del Río Zahuapan, por lo que llamaron a una atención integral con el involucramiento de diversas instituciones.

Este miércoles, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C. encabezó la presentación de dicho informe en el que diferentes voces dieron cuenta de los hallazgos que múltiples estudios científicos han arrojado sobre la Cuenca del Alto Atoyac, coincidiendo en que el rezago de 10 años de atención se debe a la falta de voluntad de las autoridades.

Así como a los raquíticos recursos económicos que las autoridades inyectan para el saneamiento del afluente, entre otros factores como la falta de personal especializado, equipamiento adecuado, seguimiento y trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno e instituciones, permisividad para que las industrias hagan descargas sin cumplir con las normas, etcétera.

Por ello, las y los activistas insistieron en que la puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas no son suficientes, además de que no representan una solución con visión de cuenca, por lo que reiteraron que deben endurecerse las sanciones en contra de quienes realicen descargas industriales que violen las normas e implementar un plan de saneamiento integral.

Bajo dicha tesitura, remarcaron que debe involucrarse un gabinete amplio de instituciones tanto estatales como federales, por lo que conminaron a las Secretarías de Salud (SESA), de Educación Pública del Estado (SEPE), de Medio Ambiente (SMA), de Desarrollo Económico (SEDECO), entre otras.

Así como la Coordinación de Protección Civil (CEPC), la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST), la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT), y demás instituciones que deben intervenir a nivel estatal en coordinación con las del Gobierno Federal.

En la presentación del informe intervinieron Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Gabriela Pérez Castresana, del Instituto de Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ, IIMA de la IBERO de Puebla; así como Alejandra Méndez Serrano, Directora del CFJG.

Además, se contó con la participación de Pedro Arrojo, Relator Especial de la OMU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; con la de Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y con la de Alejandra Nuño Ruiz Velasco, quien es Asesora de Rectoría en el ITESO y especialista en derechos humanos.

También estuvieron presentes diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como el Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otras.

A colación, al término de la presentación del XXIII Informe del Fray Julián, se realizó el cambio de dirección, saliendo Alejandra Méndez y asumiendo la responsabilidad de la Asociación Civil (A.C.), Marisol Flores García.