Específicamente en contra de la mujer

Por Selene Sosa

Este lunes el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó la actualización e implementación del Protocolo de Actuación para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que será puesto en práctica en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial (PELEPJ) y en subsecuentes procesos electorales.

“Es imperante la aprobación e implementación del Protocolo de Actuación, el cual permitirá normar la actuación del personal que tiene injerencia en la atención de casos de VPcMRG además de contribuir a la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de esta modalidad de violencia, el fin es consolidar un camino como estado democrático de derecho, en el que las mujeres participen en la vida pública y política en la entidad y lo realicen en condiciones de libertad, igualdad, no discriminación y sin violencia”, reza el documento.

Según los aprobado por las y los Consejeros Electorales, presididos por Emmanuel Ávila González, será la Coordinación de Género y No discriminación (CGyND) del ITE el área encargada de atender los asuntos que se presenten de presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de Tlaxcala (LIPEET), y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Para ello, igualmente se creó al interior de la Coordinación de Género un grupo multidisciplinario para atender el Protocolo Modelos para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para la atención de primer contacto y la identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dicho grupo será el encargado de implementar el Protocolo de Actuación en cuestión, el cual establece los enfoques y principios en la atención de las víctimas, quienes deberán ser identificadas como “usarías”, asimismo indica los procedimientos para brindar acompañamiento para la presentación de la queja o la denuncia.

Igualmente determina el proceso para la elaboración del análisis de riesgo, aunado a las medidas de protección o incluso un plan de seguridad y establece también la guía para canalizar a la usuaria en aquellos casos que requiera una atención especializada ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito.