Una mujer acusa al exdiputado Miguel Ángel C. de promover violencia y calumnias en redes sociales; ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público

Por Stephany Rodríguez

Una ciudadana identificada como Lizbeth Mendoza, denunció públicamente haber sido víctima de difamación, amenazas y daño moral después de que el exdiputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes publicara un video en redes sociales, en el que la acusa sin pruebas de despojar a una pareja de adultos mayores de 20 hectáreas de terreno.

El video, difundido el pasado 14 de abril a través de la página oficial del exfuncionario, ha desatado una serie de ataques en línea, burlas y comentarios violentos hacia Mendoza, quien asegura que el terreno que adquirió fue parte de una compraventa legal por dos hectáreas, realizada con los documentos y escrituras correspondientes. En su denuncia, Mendoza explica que realizó los pagos en efectivo, en 16 mensualidades de diez mil pesos, y que contó con la autorización de los propietarios originales, quienes estaban en pleno uso de sus facultades legales.

“La información que él da es completamente falsa. Habla de 20 hectáreas y un supuesto pago con un burro y una camioneta, lo cual es una burla. Yo hice los pagos en efectivo, en 16 mensualidades de diez mil pesos. Todo se hizo conforme a la ley, con la autorización de los dueños originales, quienes sabían leer y escribir”, comentó Mendoza en una entrevista.

El video no solo mencionó a Mendoza por su nombre completo, lo cual vulnera su derecho a la protección de datos personales, sino que también la insultó con calificativos como “ratera”, “animal” y “desgraciada”, además de incitar a la violencia en su contra. Según la denunciante, desde la publicación del video ha recibido mensajes de amenazas, generando temor por su seguridad y la de su hija.

“Desde que subió ese video he recibido mensajes de personas que dicen que me van a agredir. Temo por mi vida y la de mi hija. No tengo protección ni dinero, solo soy una persona trabajadora”, expresó Mendoza con evidente preocupación.

En su denuncia formal ante el Ministerio Público, presentada este 16 de abril, la afectada acusó a Covarrubias de difamación, amenazas y daño moral. Reiteró que no existe ningún proceso judicial en su contra, y que el video fue publicado con fines políticos, buscando desacreditarla y manipular a la opinión pública.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el exdiputado utiliza sus redes sociales para difundir acusaciones sin pruebas. En este caso, su publicación incluía frases como “ayúdame a buscar a los delincuentes”, y aseguraba que las víctimas de la presunta ilegalidad “no sabían leer ni escribir”. En relación a las 20 hectáreas en cuestión, el exdiputado también mencionó que estas pertenecían a los vendedores María Asunción y Wiliulfu, ubicadas en la comunidad de Santa María Texcalac, Apizaco, lo que ha provocado aún más incertidumbre.

Especialistas en derecho han señalado que las acciones de Covarrubias podrían constituir violencia digital, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues se vulnera la dignidad e integridad de una mujer a través de medios digitales.

Con respecto al daño que ha sufrido, Mendoza exige una disculpa pública y el retiro inmediato del video. Además, responsabiliza al exdiputado de cualquier agresión o daño que ella o su familia puedan sufrir a raíz de los comentarios y amenazas que ha recibido.

“Esto no se trata de justicia, se trata de propaganda. Lo que está haciendo es peligroso”, concluyó Mendoza, quien aún busca la justicia frente a una situación que ha marcado profundamente su vida y la de su familia.