Por Edgardo Cabrera

Un sinfín de protocolos hay en Tlaxcala y con nulos o cuestionados resultados, el más reciente, el denominado: “Actuación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala” que fue publicado el 4 de abril y con errores, para no variar.

En esencia, se tratarían de mecanismos perfectamente detallados para la actuación de las autoridades en contingencias, por ejemplo, el “anti linchamientos” tiene como fin impedir que una persona muera en manos de una turba violenta realizando acciones que protejan su integridad, la de los agresores, y de las fuerzas del orden que lo implementan, en los hechos, lo hemos visto y documentado, los policías entran y salen como pueden de los conflictos sociales, la falta de preparación y método, incluso, cobró la vida de dos uniformados el año pasado en Zacatelco.

Los de atención a mujeres víctimas de violencia andan por las mismas, la policía de género medio funciona, ante algún reporte, quienes piden auxilio padecen desde el principio la falta de capacitación y pericia de los operadores del 911, y eso si les contestan, porque también ha quedado demostrado que hay nula respuesta, curioso, los responsables de la línea de emergencia siempre se quejan de las llamadas de broma, pero ocultan el dato de aquellas que no contestan.

Y ahora, con el protocolo para periodistas y defensores de derechos humanos, el lineamiento de atención se publicó en medio de la opacidad, nunca fue expuesto a los directamente involucrados para su conocimiento y, peor aún, al publicarlo en el Periódico Oficial ventilan el nombre de una víctima al ejemplificar una Cédula de Control, ante el error, siete días después la testaron. 

El gobierno, y en particular el de la Triste Historia, imagina que elaborar un protocolo es la solución, pero es claro que esos documentos no se socializan, no hay capacitación ni evaluación, eso sí, presumen su implementación aunque haya resultados lamentables.

AMENAZAS

El regidor capitalino con licencia, Alejandro Alonso N, presunto agresor de su pareja sentimental, se quedó solo, y ello quedó evidenciado la semana pasada cuando el cabildo llamó y tomó la protesta de ley a Fernando Mendieta como regidor suplente del Ayuntamiento de Tlaxcala.

En tanto su proceso legal pasó a la cancha del poder Judicial tras su vinculación a proceso por lo que ahora un juez deberá resolver con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y las actuaciones que ambas partes realicen.

Pero llama la atención, y de nuevo prende las alertas el caso, ya que este lunes durante la presentación de la propuesta de la Ley 3 de 3 en el Congreso local, la madre de Edith N., esposa y víctima del Primer Regidor, hiciera públicas amenazas y presiones que recibe su hija y con ello que se intente frenar el proceso legal.

Ante ello, actores políticos y del poder que estén tentados en meter las manos al fuego lo deberán pensar dos veces, ya es un caso que está en la Opinión Pública, seguirá escalando en tanto no le pongan un freno al acusado y el juez de la causa resuelva lo que a derecho corresponda. Este asunto ya es emblemático para los gobiernos de Morena, en el ayuntamiento capitalino decidieron no solaparlo para que enfrente su proceso como ciudadano, en la Fiscalía General de Justicia trabajaron en la judicialización, ahora veremos cómo actúa el Tribunal Superior de Justicia del Estado que encabeza Anel Bañuelos.