La falta de respuesta de las autoridades, incluida la Gobernadora, intensifica el malestar de los familiares de los detenidos.

Por Stephany Rodríguez

Este jueves , familiares y amigos de Juan N. y Francisco N., dos trabajadores de la construcción acusados por la constructora Jhira y detenidos desde hace más de 50 días, se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Tlaxcala, pidiendo la liberación inmediata de los detenidos y denunciando irregularidades en el proceso judicial que los involucra.

Los manifestantes, visiblemente molestos por las demoras y la falta de evidencia que respalde las acusaciones en contra de los detenidos, expresaron su descontento ante la tardanza en las audiencias, de las cuales tres han sido canceladas. En su intervención, mencionaron que el pasado 26 de febrero al acercarse a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, quien, según informaron, los citó a las seis de la tarde de ese día para escuchar sus demandas. Sin embargo, en lugar de la gobernadora, los atendió una de sus secretarias, quien les pidió que esperaran unos días más. Ante la falta de respuesta tras la espera, los manifestantes denunciaron que, cuando regresaron, la gobernadora les dijo que ya no podía hacer nada, ya que el caso estaba fuera de su alcance y debía resolverse con la magistrada encargada del asunto.

En medio de la manifestación, los familiares de los detenidos aseguraron que la situación es insostenible, mencionando que los acusados son inocentes y que no han encontrado pruebas que los vinculen con el delito que se les imputa. “Si no fueran inocentes, no estaríamos aquí. Es claro que no hay pruebas en su contra”, señalaron.

Los afectados también criticaron lo que consideraron como un trato inequitativo por parte de las autoridades, mencionando que uno de los acusados tiene vínculos con personas cercanas a la gobernadora, lo que podría estar influenciando la resolución del caso.

La protesta, que hasta el momento ha sido atendida solo por funcionarios de menor rango, no ha logrado una respuesta contundente de la Gobernadora Cuéllar, quien, aunque ha mostrado disposición para escuchar, aún no ha tomado acciones claras sobre el caso. Los familiares y allegados de los detenidos insisten en que se trata de una detención injustificada y exigen que las autoridades competentes actúen para garantizar un juicio justo y rápido.

El caso sigue siendo objeto de controversia, mientras los detenidos permanecen en espera de que la justicia finalmente se haga presente.