4 de febrero - 2025

Hace casi tres años la niña Sofía Caballero desapareció al intentar cruzar el río Bravo con su mamá. Su caso es emblemático del aumento de desapariciones forzadas de niños migrantes
Fuente: PROCESO
Sofía Abigail Caballero Huete, una niña nicaragüense, desapareció el 17 de mayo de 2022 en las aguas del río Bravo mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos junto a su madre, Irma Yaritza Huete Iglesias, quien murió ahogada en el intento. La niña tenía entonces tres años 11 meses y había pasado semanas esperando reunirse con su padre, Hanier Caballero, que las esperaba en territorio estadunidense, a donde ya no ingresaron.
Han transcurrido por lo menos mil días sin que se sepa dónde está la menor de edad. Su nombre está en la lista de 121 mil 323 víctimas de desaparición en el territorio mexicano al 19 de enero, que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del gobierno federal.
La inmensa mayoría de esas personas son de origen mexicano. Miles de sus familiares en todo el país salen cada día en su busca y denuncian la falta de acciones de las autoridades para investigar su desaparición y encontrarles.
El escenario criminal, disparado desde el sexenio de Felipe Calderón en 2006, ha impactado a poblaciones vulnerables, entre ellas personas en situación de movilidad originarias de diversos países, incluyendo a niños y adolescentes que atraviesan el país en busca de cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos, acompañados por algún familiar o persona adulta, o solos.
La desaparición forzada de la niña Sofía Abigail Caballero Huete (así considerada por estándares internacionales de derechos humanos por tratarse de una persona menor de edad) se convirtió en uno de los casos emblemáticos de lo que ocurre con esta población y las deficiencias en las búsquedas e investigaciones, además de la posible implicación de autoridades, en este caso el Grupo Beta.
Esta investigación internacional de Proceso, en colaboración con Galería News, demuestra que la omisión del Estado mexicano es particularmente grave en los casos de la niñez migrante de origen centroamericano. Sus derechos son violentados por autoridades, que en algunos casos también cometen abusos contra niños y adolescentes en tránsito, ya sea que viajen acompañados por algún familiar, como es el caso de Sofía, o solos, en un número que ha ido creciendo.
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