A pesar de los logros, la infraestructura y la confianza en las instituciones siguen siendo un reto.

Por Stephany Rodríguez

Durante la inauguración del Centro de Control y Comando Municipal (C2) en Tzompantepec, Maximino Hernández Pulido, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacó los avances tecnológicos implementados en Tlaxcala, tales como el uso de cámaras con reconocimiento facial, sistemas de analítica avanzada y botones de pánico virtuales, diseñados para fortalecer la respuesta ante emergencias y delitos. Sin embargo, estos avances enfrentan desafíos estructurales que podrían limitar su impacto a largo plazo.

El secretario presentó cifras alentadoras, como una disminución del 24.21% en la incidencia delictiva estatal y del 18% en Tzompantepec. No obstante, no se proporcionaron detalles sobre los delitos específicos que han disminuido ni sobre el impacto en comunidades vulnerables, lo que deja incertidumbre sobre la efectividad de estas herramientas en contextos más complejos, como la violencia de género o las desapariciones.

Aunque el monitoreo en tiempo real y la inteligencia artificial son pilares clave de esta estrategia, Hernández Pulido reconoció que la infraestructura previa era limitada y obsoleta, lo que plantea dudas sobre la capacidad de mantenimiento y actualización de los sistemas a futuro, dado que los recursos municipales son limitados.

El énfasis en la colaboración con grupos vecinales para reportar actividades sospechosas refleja un reto adicional: la creciente dependencia de la ciudadanía para suplir las deficiencias de las instituciones de seguridad. Si bien la comunicación entre vecinos y policías puede ser un apoyo valioso, no debería sustituir la presencia policial sólida y confiable en las comunidades.

Un ejemplo reciente de la implementación de esta tecnología fue el uso de botones de pánico virtuales en una tienda de conveniencia, donde un cajero activó el sistema al notar la presencia de personas cubiertas del rostro. La respuesta inmediata de la policía fue destacada como un éxito, pero surge la cuestión de si los comercios y empleados deberían asumir el rol de control y alerta ante situaciones peligrosas. Esta medida podría ser complementaria, pero no debe ser una carga adicional para la comunidad, que debería contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad.

Un punto crítico señalado por la gobernadora Lorena Cuéllar fue la reestructuración de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), tras identificar actos de corrupción y un sistema “viciado”. Aunque se anunció la contratación de nuevos abogados y policías, es crucial garantizar que estas incorporaciones se traduzcan en resultados tangibles, ya que el reemplazo de personal no resuelve automáticamente problemas de capacitación, ética o eficiencia.

La gobernadora destacó que el costo del sistema estatal de control fue inferior al promedio nacional, logrando instalar centros de comando con una inversión de 300 millones de pesos, frente a los 1,600 millones que cuestan en otros estados.

A pesar de los logros presentados, los retos persisten. La seguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de la confianza en las instituciones, la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de la educación y la prevención.