Se cumplieron tres años

Por Selene Sosa

Una de las cuestiones que han puntualizado colectivos y activistas en Tlaxcala es que “la justicia tardía no es justicia”, tal es el caso de Estefani Hernández, a quien su ex pareja la privó de la vida hace tres años y aún no hay sentencia en su contra, por lo que la familia de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que den celeridad al asunto.

Por medio de un comunicado difundido por el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), el cual ha llevado el acompañamiento en el proceso, la familia de Estefani Hernández lamentó que, no obstante, el dolor que se sufre por un feminicidio, aún deben someterse a la agonía de un procedimiento legal en busca de justicia.

“Lo más indignante de este recorrido es sin duda ver que los casos se repiten día a día… y a nadie parece importarle… ni a aquellas autoridades obligadas a respetar, proteger y garantizar nuestra seguridad por el simple hecho de ser ciudadanas mexicanas”.

En este sentido, la familia lamentó que “las mujeres” sólo sean usadas como estandarte en cada renovación de autoridades, dejando el tema en el olvido una vez que rinden protesta al cargo y dejando en indefensión a dicho grupo socialmente vulnerado.

“No existen políticas públicas que identifique las causas y las atiendan, todo se ha quedado en un fallido discurso que se repite en cada sexenio, en cada administración, en cada Informe de Gobierno, politizando el dolor y la tragedia de las familias con fines electorales que los perpetúan en esos puestos de poder, sin dar soluciones al problema de raíz, sin importarles las mujeres, las niñas… sin importarles la vida”

Asimismo, la familia de Estefani Hernández hizo un llamado a la ciudadanía en general a no normalizar la violencia contra las mujeres, a reconocerlas como seres humanos con derechos y libres de estereotipos, así como a garantizarles una vida libre de violencia.

Finalmente, también conminó a las mujeres a identificar si están siendo víctimas de algún tipo de violencia y a denunciarla, toda vez que, exhortó a las autoridades estatales a “asumir su responsabilidad” y a “cumplir con sus obligaciones constitucionales”, dejando de lado los discursos políticos.