La lucha por los derechos reproductivos sigue avanzando en México, pero Tlaxcala aún no se suma al cambio.

Por Stephany Rodríguez

En un panorama nacional donde 21 estados ya han despenalizado el aborto, Tlaxcala permanece en la lista de las 11 entidades que mantienen restricciones legales sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Junto a Sonora, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, el estado enfrenta críticas por no garantizar este derecho fundamental para las mujeres y personas gestantes.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2023, que declaró inconstitucional criminalizar el aborto, marcó un hito histórico en los derechos reproductivos del país. Sin embargo, la implementación de esta decisión depende de cada estado, y en Tlaxcala, el Congreso local no ha mostrado avances significativos para armonizar su legislación con el mandato federal.

Activistas y colectivos locales han señalado que la falta de voluntad política en Tlaxcala refleja un atraso en materia de derechos humanos. «El derecho al aborto no solo es una cuestión de salud pública, sino de justicia social. En un estado donde la violencia de género y los embarazos adolescentes son problemas persistentes, negar este derecho perpetúa la desigualdad y pone en riesgo la vida de las mujeres», declaró una integrante de un colectivo feminista en la región.

Además, la situación en Tlaxcala evidencia una desconexión entre las leyes estatales y los compromisos internacionales de México en temas de género y salud reproductiva. La falta de acceso a servicios seguros para la interrupción del embarazo no solo afecta la dignidad de las personas, sino que también perpetúa riesgos para su salud física y mental.

Organizaciones sociales y expertas en derechos humanos llaman al Congreso de Tlaxcala a priorizar este tema y a reconocer que la despenalización del aborto no obliga, sino que garantiza opciones seguras y legales para quienes lo necesiten.