Cuestiona especialista opacidad de Ernestina Carro

Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

El coordinador del “Informe de hallazgos 2023” -realizado por cuatro organizaciones que integran el Observatorio contra la Tortura, Ángel María Salvador Ferrer, cuestionó que en la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala solo haya dos agentes del Ministerio Público encargados del desahogo de 35 carpetas de investigación.

“¿Qué tanto tiempo le pueden dedicar dos agentes del Ministerio Público a todos los casos de posible tortura en el estado? Ahí hay una falta, probablemente, de capacidad institucional. Un caso de tortura normalmente tiene elementos de análisis contextuales que requieren mayor profundidad en comparación con otros delitos”, consideró.

En entrevista exclusiva, señaló que las indagatorias de este delito demandan recursos humanos, técnicos y tecnológicos multidisciplinarios.

“Si hay dos titulares de investigaciones muy complejas ¿cuánto tiempo le pueden dedicar a cada caso? Pues seguramente poco y esto normalmente a lo que lleva es a rezagos, acumulación de expedientes y que al final las investigaciones sean deficientes”, abundó el experto en prevención de tortura y malos tratos en México.

De acuerdo con datos del Observatorio contra la Tortura, durante 2023 en Tlaxcala se registraron 35 denuncias por este delito, 13 más que las contabilizadas el año previo. Ninguna ha sido judicializada.

Los rezagos, insistió el especialista, “no siempre son por ocultamiento ni porque los agentes del Ministerio Público no quieran investigar, aunque a veces ocurre. Pero también muchas veces es porque no hay capacidad institucional”.

El también coordinador del programa de Prevención de la Tortura en Documenta -una de las organizaciones que realizaron el informe referido-, consideró que la falta de personal en la Fiscalía es un factor crucial para que las indagatorias por ese delito no avancen, ni lleguen a la etapa de judicialización.

La judicialización es un paso imprescindible para que se puedan determinar responsabilidades y, en su caso, sancionar a las autoridades responsables, pero si las fiscalías no presentan ninguno ante un juez, éste no podrá condenar o absolver a los responsables señalados ni dictar medidas de reparación para las víctimas, acotó.

Salvador Ferrer también criticó que Ernestina Carro Roldán, so pretexto de “normas de seguridad”, se niegue a informar quién está al frente de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Que no se sepa quién está investigando, que no se sepa cuántos casos hay, que no se sepa nada, todo eso nos dificulta el trabajo a todos. Yo siempre he defendido la máxima transparencia posible sin que eso ponga en peligro cuestiones de seguridad personal o de confidencialidad de datos. Hay mucha desprotección, porque las víctimas tienen serias dificultades legales de poder demostrar que han sido víctimas”, consideró.

(Escucha aquí la entrevista completa: https://creators.spotify.com/pod/show/faro-noticias/episodes/Entrevista-ngel-Mara-Salvador-Ferrer-e2rbpmn)