Policías estatales encuentran irregularidades en transporte público, pero quedan sin facultades para actuar.

Por Stephany Rodríguez

Policías estatales fueron “charoleados” con un supuesto convenio con Guardia Nacional para avalar lo ilegal, en este caso, que una unidad de transporte público circule con placas sobrepuestas, sin seguro ni tarjeta de circulación.

Luego de que una patrulla intentó sancionar una camioneta de transporte público al detectar diversas irregularidades en su documentación y operación salió a relucir el supuesto convenio.

Los hechos ocurrieron en la Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, cerca de Santa María Acuitlapilco, cuando agentes asignados a la Comisaría Tlaxcala detuvieron una unidad de transporte al observar que realizaba el descenso de un pasajero sin las debidas medidas de seguridad.

A las 21:21 horas, agentes abordo de dos unidades CRP TL, bajo el mando del encargado de turno, realizaron la inspección de la camioneta, identificada como Toyota Hiace con placas 193HS5 del Servicio Público Federal. Al consultar la documentación de la unidad, se detectaron incongruencias entre las placas y el número de serie registrado, y el conductor, Noe N., no pudo presentar el seguro y la tarjeta de circulación requeridos para operar legalmente.

La situación escaló cuando representantes de la empresa dueña del vehículo arribaron al sitio, mostrando un supuesto convenio con la Guardia Nacional que, según explicaron, exime a sus vehículos de cualquier sanción y de detenciones en operativos de seguridad. El documento supuestamente amparaba la irregularidad, argumentando que los vehículos bajo este acuerdo no pueden ser infraccionados ni detenidos, a pesar de que no cuentan con la documentación completa o utilizan placas que no coinciden con sus registros.

Ante esta situación, los agentes en el lugar notificaron al Delegado de Policía y Tránsito de Tlaxcala, quien instruyó la liberación del vehículo y la elaboración de una tarjeta informativa, debido a la vigencia del mencionado convenio.

La difusión de este documento no se ha emitido de manera oficial ante las instancias locales de seguridad. Esta falta de claridad podría complicar futuros operativos en los que vehículos amparados por acuerdos similares representando un riesgo para la seguridad vial e integridad de los pasajeros.