Por Camila Tornel

La crisis que estalló en la empresa SIMEC, en Xaloztoc, dejó al descubierto no solo las deficiencias de seguridad en una planta industrial, sino también la falta de preparación de algunas autoridades. Ejemplo claro es el de la intervención del secretario de Trabajo y Competitividad, Noé Altamirano Islas, quien, a pesar de que la empresa es de competencia federal, quiso intervenir, comprando boletos que no eran del gobierno estatal.

Este intento de ponerse al frente de la situación demostró la fragilidad de la respuesta del gobierno estatal, lo que le hubiera arrastrado a una crisis ante su grave falta de planificación, amén de la descoordinación con el gobierno federal.

Si bien su presencia en el lugar parecía una muestra de empatía, la respuesta de Altamirano ante los familiares de las víctimas fue insuficiente, desconectada de la gravedad del problema y, lo peor, sumamente tensa.

En lugar de ofrecer respuestas claras y soluciones, sus declaraciones parecían vacías y carentes de sustancia, justamente, porque correspondía a las autoridades federales responder por las irregularidades denunciadas por los trabajadores.

Por supuesto, la preocupación de los familiares no se limitaba a la tragedia, sino también a una serie de situaciones ocultadas en la empresa que, por lo visto, nunca fueron atendidas adecuadamente por las autoridades laborales.

Justo ahí se vio la incapacidad de Altamirano para transmitir seguridad en sus respuestas aumentando así las tensiones con los inconformes, pues en lugar de esclarecer los hechos y ofrecer garantías de que la tragedia sería investigada a fondo, el secretario estatal pareció estar completamente superado por la situación.

En otras palabras, el titular de Trabajo y Competitividad pareció más interesado en calmar los ánimos, pero sin ofrecer soluciones concretas.

Pero esta intervención no es un caso aislado.

La gestión de Noé Altamirano ha estado marcada por la sospecha, ya que ha mantenido un silencio preocupante sobre otros casos lamentables que han surgido, como las inspecciones a los empresarios de Val’quirico.

En lugar de asumir una postura coherente sobre cómo debe regularse y sancionarse a las empresas que violan las normas laborales y de seguridad, hay un doble discurso que afecta la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, ante actos que decantan en francas extorsiones.

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