Jueces y magistrados, incluidos polémicos, acusan violaciones a sus derechos humanos; Fernández Noroña interpuso un juicio para que TEPJF se pronuncie con mayor claridad sobre suspensiones de jueces.

Fuente: MILENIO

Con todos los pronósticos en contra, los jueces y magistrados no desisten. Decenas de juzgadores sorteados para que sus cargos se sometan a elección popular en 2025, han presentado más de 400 juicios ante el Tribunal Electoral en contra de los acuerdos del Senado de la República acusando que se están violando sus derechos humanos.

Hasta este lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registraba 412 juicios con los que buscan revertir la insaculación con la que se seleccionaron los más de 800 cargos que se someterán a elección; el procedimiento para recibir declinaciones de candidaturas de los jueces, magistrados y ministros en funciones; la convocatoria pública para que se registren quienes pretendan participar en la elección, y el decreto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Tribunal Electoral tiene demandas con exigencias opuestas, en las que deberá guiar el proceso electoral sobre el Poder Judicial, pues por un lado, tiene a personas juzgadoras reclamando violaciones a sus derechos, al Consejo de la Judicatura acusando que desecharon su impugnación sin que esto se haya hecho público y al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, buscando mayor claridad sobre las suspensiones judiciales.

Esta semana se sumó una demanda interpuesta directamente por el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en contra de los “acuerdos emitidos por diversas autoridades en los que admitieron demandas de juicio de amparo y concedieron suspensiones provisionales con efectos hacia las actividades de la implementación del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación”.

Fernández Noroña busca una nueva sentencia para que la Sala Superior deje claros todos los vacíos que fueron criticados en la acción aclarativa con la que declararon constitucionalmente inviable que el INE incumpliera a su deber de organizar elecciones, para que quede claro si son válidas o no las suspensiones y la orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, así como los amagos de los amparos en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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