El terror causado por “La Familia Michoacana” en la Sierra de Guerrero no tiene freno. En una década la narcoviolencia desplazó a 25 mil personas en el estado. En Petatlán, además, denuncian que las autoridades buscan que la gente regrese a sus casas sólo por causas mediáticas.

Fuente: PROCESO

Hace un año sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.

Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado viviendas con bombas lanzadas desde drones, mantienen a 50 familias desplazadas y han asesinado con violencia extrema a seis de sus habitantes.

El asesinato de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario, el 10 de agosto último, detonó el hartazgo y la movilización.

Junto a vecinos de otras comunidades, que también sufren el yugo criminal, bloquearon la carretera Acapulco–Zihuatanejo el 12 y 13 de agosto últimos para pedir a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el repliegue de los criminales.

Las autoridades les ofrecieron reforzar la seguridad policiaca y militar en la zona y los pobladores les dieron el voto de confianza, pero aseguran que es el último; de lo contrario, elegirán entre dos opciones: hacer un éxodo para solicitar asilo político en Estados Unidos o tomar las armas y unirse a otro grupo criminal para sacar a La Familia Michoacana de la región.

El acoso se inició hace dos años en la localidad vecina de El Durazno, ubicada en la sierra de Coyuca de Catalán, en los límites de Tierra Caliente y Costa Grande.

Aquel sábado 10 de diciembre de 2022 más de 100 sicarios llegaron a la cancha del pueblo. Convocaron a los jóvenes para notificarles que serían reclutados, pero estos se negaron.

Vino la tortura, la matanza y la persecución a plena luz del día. Ese día mataron a José Luis, Bonifacio, Vladimir, Isidro, Daniel, Fernando y Elder, este último de 15 años.

Los criminales también pretendían apropiarse de cientos de hectáreas de aguacate y de bosque para la explotación de madera.

Por esos hechos la Fiscalía de Guerrero ha detenido y logrado una sentencia de 140 años para un sujeto, Hermelindo N, supuesto jefe de plaza.

Nueve meses después la estrategia criminal de La Familia Michoacana se repitió en La Palma, también en esa región.

En septiembre de 2023 decenas de sicarios con armas largas ingresaron a la localidad en camionetas.

Salgado. Abandono de víctimas. Foto:  Octavio Gómez

Preguntaron a la población a qué cártel pertenecían, le contestaron que a ninguno y ahí vino la imposición. “¡Van a pertenecer a nosotros!”, les dijeron.

Los criminales gritaron a los pobladores que tendrían que trabajar para ellos, pagar una cuota mensual y que los hombres se tendrían que reclutar con ellos. Los vecinos respondieron firmes que no querían pertenecer a La Familia Michoacana ni a ningún grupo criminal…

A casi un año de esa incursión del narco, el comisario de La Palma, Alberto Bravo Ramírez, dice:

“Ese día nos dijeron que nos íbamos a arrepentir, y creo que lo estamos haciendo. Hasta el momento no hemos tenido garantías para estar en paz”.

Las autoridades y pobladores del corredor Santa Rosa de Lima (Técpan de Galeana)–La Palma (Petatlán)–El Durazno (Coyuca de Catalán) refieren que la célula que mantiene asolada a la zona está integrada por 150 civiles armados.

Y cuando preparan una incursión el número se llega a triplicar.

Ellos controlan los precios de los alimentos, el gas, la gasolina y el transporte público.

Fuentes de seguridad en el estado indican que el líder de la célula criminal es Oliver Sánchez Coria, el Ruso, que está al servicio de La Familia Michoacana, cuyos jefes máximos son los hermanos Johnny el Pez y José Alfredo el Fresa Olascoaga Hurtado.

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