Por Stephany Rodríguez

La firma de la Declaración de Venecia, que busca promover gobiernos familiarmente sostenibles y abordar diez necesidades clave, marcó un hito en Tlaxcala. Sin embargo, la ausencia de casi la mitad de los municipios del estado plantea serias dudas sobre la verdadera voluntad política para cumplir con estos compromisos.

De los 60 municipios que deberían haber estado presentes en este acto trascendental, solo 33 acudieron a la cita en el Teatro Xicohténcatl. Entre los municipios presentes se encuentran: Panotla, Chiautempan, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala capital, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San Damián Texóloc, Tepetitla de Lardizábal, Papalotla de Xicohténcatl, Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxco, Atlangatepec, Lázaro Cárdenas, Cuaxomulco, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, San Lucas Tecopilco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tepeyaco, Tocatlán, Mazatecochco de José María Morelos, Yauhquemehcan, San Francisco Tetlanohcan, Calpulalpan, San José Teacalco, Apizaco, Ixtenco, Cuapiaxtla, Tenancingo, Xaloztoc, La Magdalena Tlaltelulco, Santa Catarina Ayometla y Españita.

La gobernadora, junto a otros altos funcionarios y presidentes municipales electos, oficializó la adhesión de Tlaxcala a esta iniciativa, convirtiéndose en el segundo estado del país en hacerlo, después de Aguascalientes.

La Declaración de Venecia, impulsada por la ONU, establece diez áreas de acción que incluyen vivienda, nuevas tecnologías, educación, sanidad, seguridad, aire limpio, transporte, asequibilidad, ocio, turismo y atención a familias vulnerables.

No obstante, la ausencia de 27 municipios pone en tela de juicio el verdadero alcance y la efectividad de este acuerdo. A pesar de las palabras optimistas de Cuéllar Cisneros, la falta de representación de más de un tercio de los municipios podría significar un obstáculo serio para la implementación de estas políticas a nivel local.

Juan Antonio López Baljarg, director general del Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF), reveló que desde hace cinco meses, en colaboración con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), se ha realizado un diagnóstico en los hogares de todos los municipios. De modo que se aplicarán estas recomendaciones, pero los  responsables locales no muestran interés desde el principio.

La firma de esta declaración será suficiente para impulsar un cambio real, o si quedará como un acto simbólico más, carente de la acción necesaria.