El pliego petitorio no tuvo respuesta

Por Selene Sosa

El pasado 9 de agosto se cumplió un año de la primera “Marcha por Tlaxcala”, en la que miles de se organizaron para exigir a la Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, soluciones a diversas demandas sociales y garantía de derechos humanos, sin embargo, a un año de la movilización, la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se mantiene omisa.

Para concluir la marcha que convocó a 20 mil tlaxcaltecas, según dijeron, las y los organizadores dieron lectura a un pliego petitorio de 20 puntos pendientes que debían ser atendidos por la ex priísta de manera personal, “sin intermediarios ni terceros”, enfatizaron los demandantes.

En la también denominada «Marcha Por la Paz» exigieron la destitución de diversos funcionarios, entre ellos del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), Homero Meneses Hernández.

Así como del entonces titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Sergio González Hernández, quien terminó siendo reemplazado por el ahijado de Cuéllar Cisneros para finales de 2023, Luis Antonio Ramírez Hernández, por quien aparentemente fue modificada la Constitución, al ser originario de Morelos y no de Tlaxcala, un requisito para poder tomar dicho cargo.

También se pidió la destitución de la responsable de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE), Ernestina Carro Roldán, sin embargo, lejos de ello recientemente fue “ratificada” por siete años más, ahora como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En el pliego petitorio también contemplaba la Toma de nota a Enrique Escobar como secretario electo del Sindicato «7 de Mayo», situación que tampoco se cumplió, contrario a ello, quien actualmente es lideresa de dicho sindicato es Karina Erazo, allegada a la Jefa del Ejecutivo Estatal.

Las peticiones continuaron con la Restauración del servicio médico de los sindicalizados, Alto a la persecución del Estado a activistas, Inversión y protección para el medio ambiente (no al autotrén), Destitución de agresores y deudores alimentarios como funcionarios o servidores, específicamente del ahora Secretario de Gobierno, Ramírez Hernández.

También se solicitaron Mesas de trabajo para la revisión de casos de Personas Privadas de su Libertad (PPL) con pruebas de su inocencia, Revisar casos de víctimas de feminicidio y trata de personas, Inversión en seguridad y mejoramiento a los salarios de las y los elementos de seguridad, Revisión y otorgamiento de plazas del personal de salud.

Así como una Mesa de trabajo para la revisión de tratamiento integral a enfermos, Otra para la transparencia de los recursos destinados a atender la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y No discriminación ni persecución a la prensa crítica.

Finalmente, se exigió una Mesa de trabajo para revisar la situación del campo y otra de Atención a demandas sociales que pudieran seguir surgiendo en la entidad. Además de la creación de la FGJE con autonomía, situación que se cumplió con “la mano del gobierno”, en ella.