Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Las autoridades de Tlaxcala, aparte de estar vinculadas al crimen organizado dedicado a la trata de personas con fines sexuales, incurren en un delito y en un crimen de lesa humanidad, porque “no han hecho nada” para combatir ese flagelo que, lejos de disminuir, va en aumento, acusó la investigadora Ixchel Yglesias González-Báez.

Al participar en la jornada para la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines sexuales -organizada por el Centro Fray Julián Garcés- criticó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por decir que “gracias a Dios la trata de personas ya no existe en Tlaxcala”, lo cual evidencia que “conoce muy poco la realidad del estado”.

Subrayó que, “más allá de los discursos, tenemos que mirar que las autoridades en el estado de Tlaxcala están vinculadas al crimen organizado, autoridades municipales. Y ustedes saben en qué municipios”.

Advirtió que, tras los comicios del pasado 2 de junio, “personas vinculadas al huachicoleo, al huachigaseo, a la explotación sexual, y que tienen bares y casas de citas, quedaron como presidentes municipales, pero tienen sus fotos con la gobernadora mientras estaban haciendo campaña, pero apoyan y ponen comercios, tienen gasolinerías, tienen hoteles”.

Como ejemplo, la especialista refirió que hay municipios tlaxcaltecas cerca de San Martín Texmelucan, Puebla, donde los aspirantes a las alcaldías “tienen hoteles en los que hay trata y prostitución”, y parte de sus campañas en busca del voto consistió en regalar tarjetas y promociones.

“Todo eso se sabe, pero no se hace nada, ¿por qué? porque la trata incrementa el Producto Interno Bruto, porque ese dinero que no se reporta sirve para sobornos, sirve para enriquecer las manos de unas cuántas y unos cuántos en el estado”, abundó.

Yglesias González-Báez consideró que “no hacer nada en esta materia constituye un delito”, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el artículo 18 de esa norma, recordó, se considera a la violencia institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Explicó que la trata es considerada un delito de lesa humanidad porque implica prácticas análogas a la tortura, atenta contra los derechos fundamentales de las personas y porque “estos crímenes son cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra las y los civiles en tiempos de paz o de guerra y esto incluye tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación”.

Insistió que es un fenómeno que en el estado de Tlaxcala “está presente desde los años 50 y no se ha frenado, se ha ido cada vez más y más y más incrementando y es funcional a otros procesos de dominación porque mientras más trata hay en las comunidades, mientras más mujeres desaparecen, mientras más hombres tienen la aspiración de ser padrotes o más hombres son consumidores. otras formas de violencia se agudizan y se normalizan y también se va articulando la trata con otras formas de explotación y dominación”.

La investigadora remató: “yo no sé en qué mundo viven o por qué vínculos políticos, familiares o empresariales, llegan al puesto que ocupan, porque está claro que no hay un compromiso con el tema de la trata y tener un compromiso con el tema de la trata, no implica apoyar a los padrotes, porque eso sí se ve. La trata es un problema que está aniquilando a las mujeres en Tlaxcala que cada vez tiene más desapariciones de mujeres”.