Por Edgardo Cabrera

Sin ninguna novedad, el domingo, al cierre de la segunda quincena de junio, claro, como debía ser, Ernestina Carro renunció a la Procuraduría General de Justicia del Estado, solamente como parte de una pantomima más, porque en los hechos no es raro suponer quién realmente seguirá mandando en la dependencia, y así será en tanto la reintegran a su mismo puesto, pero con otro nombre, el próximo 1 de agosto.

Al separarse del cargo, en apariencia, reitero, presumió una serie de supuestos logros y hasta una maestría, porque así firmó su renuncia, pero en los hechos todo lo que señaló está en duda, incluido el grado académico. Vamos por partes.

Entre los datos presumió que hubo un incremento de más del 500% en el número de sentencias obtenidas, recuperaron más de 967 vehículos robados, millones de pesos por concepto de reparación del daño y reclasificaron carpetas de víctimas de violencia de género.

Lo que no dijo es que esos “logros” presumidos obedecen al temor de denunciar en Tlaxcala, entre otras tantas razones, la desconfianza, burocracia y corrupción con la que se conducen, no lo digo yo, así está registrado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que reveló que 92.8 por ciento víctimas de algún delito decidió no denunciar por desconfianza en las actuales autoridades. 

La cifra negra, de los delitos, por tanto, es alarmante en el estado, un dato más, de las 35 mil noticias criminales que se reciben al año no logran judicializar ni 8 por ciento, y de ese global no logran obtener ni 3 por ciento de sentencias condenatorias.

Y aunque en su comunicado de despedida Ernestina Carro dijo que trabajó con “dedicación y compromiso para servir a la comunidad y fortalecer el sistema de justicia”, no reparó en los casos de tortura y fabricación de culpables desde su llegada al puesto y lo que le valió al menos dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de ellas la 03/2023,por la muerte de un detenido, probable responsable de la desaparición de la joven huamantleca Ana Laura N, caso que siguen sin resolver.

También está el tema de Pedro Francisco N, joven oriundo de Guanajuato, preso desde hace dos años y acusado de homicidio, lo que no ha podido probar el Ministerio Público, no solo eso, recientemente declararon nulo el juicio, aun así, sigue en la cárcel, lo que le ha valido a Ernestina Carro el señalamiento del gobierno y congresistas guanajuatenses por la mala impartición de justicia en la entidad, también esperan la actuación de la Derechos Humanos por este asunto.   

Por las recomendaciones emitidas en contra de la ex procuradora, en teoría estaría impedida a ocupar el cargo de fiscal General de Justicia del Estado, que es para lo que realmente renunció, para que la mandamás la coloque en la propuesta de terna que enviará al Congreso en estos días a efecto de que la impongan.

UNA MÁS

Por cierto, que el domingo al hacer pública su carta de renuncia la abogada que firmó como “maestra”, pero en la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas sólo aparece con licenciatura en Derecho, estaríamos, entonces, ante la comisión de una conducta establecida en el Código Penal Federal y el de Tlaxcala. 

Y eso no es algo nuevo, también recordemos aquella primera comparecencia en el Congreso local donde se develó que carecía de evaluación de control de confianza, de acuerdo a una consulta pública realizada.