Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Sus últimos ocho meses como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no le fueron suficientes a la “maestra” Ernestina Carro Roldán para cumplir todo lo previsto en la Recomendación 06/2023, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por un caso de tortura ocurrido el 25 de agosto de 2020, en agravio de dos personas que fueron detenidas “sin motivo y sin orden de aprehensión”.

De acuerdo con información solicitada al organismo autónomo sobre el cumplimiento de recomendaciones, la correspondiente a la PGJE fue aceptada “por el caso de violación a derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, trato cruel, inhumano o degradante y tortura”.

Según el expediente respectivo, las víctimas fueron una mujer y un hombre, a quienes cuatro policías de investigación detuvieron sin orden de aprehensión o señalamiento alguno, los mantuvieron incomunicados, y en el caso del varón fue torturado para que aceptaran ser los responsables de un supuesto delito de extorsión.

Para el organismo autónomo, las autoridades responsables incurrieron en violaciones graves en perjuicio de las víctimas directas, ya que las declaraciones de los elementos de la Policía de Investigación no fueron justificadas, alteraron pruebas como el lugar de detención y mantuvieron incomunicadas a las víctimas, a quienes obligaron a firmar documentos en blanco y grabar confesiones que, en el caso del hombre, fueron hechas a través de actos de tortura.

La recomendación fue emitida desde el 8 de noviembre de 2023, y casi ocho meses después la procuradora se limitó a informar a la CEDH “que instruyó a las áreas correspondientes hagan lo conducente para dar cumplimiento”. Esta respuesta fue dada por Carro Roldán antes de dejar el cargo el domingo 30 de junio de este año.

De la respuesta anterior se infiere que la ahora exfuncionaria estatal tácitamente, como se dice de manera coloquial, “se lavó las manos”, pese a que la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer le “hizo el requerimiento necesario para emitir una resolución y determinar si la recomendación fue cumplida de manera parcial o total”.

Por ese caso de tortura, en su recomendación, la CEDH incluyó ocho puntos, de los cuales ninguno se cumplió durante los últimos meses que Ernestina Carro estuvo al frente de la PGJE, a saber:

El organismo autónomo “solicitó a la PGJE instruir a su Consejo de Honor y Justicia proceder a la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas en las que incurrieron las personas servidoras públicas adscritas a esta dependencia.

“Iniciar investigación por hechos con apariencia de delito de tortura y los que resulten contra las personas servidoras públicas señaladas en esta recomendación como responsables de los actos violatorios a derechos humanos de las víctimas.

“Iniciar investigación por hechos con apariencia de delito de autoridad y los que resulten contra las personas servidoras públicas señaladas en esta recomendación.

“Realizar las gestiones para otorgar a una de las víctimas la reparación integral del daño, comprendiendo el aspecto económico, psicológico y médico.

“Llevar a cabo una disculpa pública como garantía de satisfacción para las víctimas a cargo de la procuradora del estado o de personal directivo de alto mando.

“Instrumentar y ejecutar cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos pertenecientes al departamento de la Policía de Investigación, en materia de derechos humanos.

“Que las víctimas adquieran esta calidad ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado, y

“Publicar en la página web de la PGJE la recomendación de manera íntegra”.

Sin embargo, Ernestina Carro -quien será una de las personas que integre la terna de la que saldrá la titular de lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado, a partir de agosto próximo- fue incapaz de cumplir al menos uno de esos ocho puntos, ni siquiera los que son más fácil de cumplir.