Desde el pasado 18 de junio debió cumplir la indicación así como el pago de una multa derivado de la resolución de un juicio de amparo

Por Selene Sosa

Además de pagar una multa de 150 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), el Director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia, debió ser suspendido de su cargo por un periodo de 15 días, como sanción a su conducta, desde el pasado 18 de junio.

Al resolver el juicio de amparo 328, el pasado 26 de junio, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ordenó al funcionario de la CEPC cumplir con el pago de 150 UMAs, equivalente a 16 mil 285.50 pesos como resultado de una sanción por desacato, lo cual quedó en constancia en documentos que obran en poder de Gentetlx, pero que además aparecen en los estrados públicos del Consejo de la Judicatura Federal y que se hicieron públicos este lunes 1 de julio.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado… por lo que de conformidad con la Reforma al inciso a) de la base II del Artículo 41, y párrafo primero, de la Fracción VI, del Apartado A del Artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo 237, Fracción I en relación al diverso 259 de la Ley de la materia, consistente en una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA)”.

Lo anterior debe darse a conocer a la persona responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Luis Antonio Ramírez Hernández, “en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable”.

Nieto Galicia, conocido por el escándalo nacional del que fue protagonista hace unos meses por hacer uso de un casco de protección con una estampa inapropiada que hacía alusión a giros negros, es señalado por abusar de su autoridad y actuar al margen de la ley para clausurar negocios pese a que operaban dando cumplimiento a la norma, lo cual fue materia de la defensa legal y cuyo caso llegó hasta el poder judicial federal.

De este asunto, que culminó con el cierre definitivo de un restaurante en el municipio capitalino, generando la pérdida de decenas de empleos ya que el propietario se negó a cumplir con las exigencias de la dependencia, los abogados lograron documentar las omisiones de su titular, incluso su negativa a retirar los sellos de clausura tras documentar que no existían violaciones a la norma, lo que le valió sanciones, una de ellas la orden de ser suspendido del cargo por 15 días hábiles, desde el pasado 18 de junio.

El incumplimiento de lo anterior, lo cual quedó demostrado al ofrecer entrevistas periodísticas ostentándose como titular de la CEPC la semana pasada, negando las sanciones a las que se hizo acreedor, incluso asegurando que era falsa la información, derivaron en una nueva acción legal por parte de los abogados que llevan el caso ante una clara omisión a una orden de un juez federal que incluso deberá impactar en el Secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, por tratarse de su superior jerárquico, y quien debió hacer cumplir las medidas.