Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron el 5 de abril en la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass, implicado en varias causas de corrupción. Este asalto llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a romper relaciones diplomáticas.

Fuente: PROCESO

En su batalla legal contra el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa por el allanamiento de la embajada de México en Quito, la Cancillería mexicana recibió un primer revés en la Corte Internacional de Justicia (CIJ): los jueces descartaron emitir las medidas cautelares solocitadas por México, pues consideraron que las garantías del gobierno de Ecuador respecto a la integridad de las instalaciones diplomáticas son suficientes.

«El Tribunal considera que, en la actualidad no existe urgencia, en el sentido de que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable para los derechos invocados por la demandante», planteó el organismo en su resolución, dada a conocer hoy.

Los jueces consideraron que, en tres ocasiones, el gobierno de Ecuador entregó a México y a la propia CIJ garantías de que respetaría la «plena protección» de los recintos diplomáticos y permitiría al personal mexicano sacar sus pertenencias de sus domicilios en la capital ecuatoriana. Reconocieron que estos compromisos tienen carácter vinculante para el Estado, lo que da seguridad suficiente para no emitir las medidas cautelares.

En el marco de su demanda contra Ecuador ante la CIJ, el gobierno de Andrés Manuel Lóprz Obrador pedía al organismo internacional con sede en La Haya que emita medidas cautelares para obligar al gobierno de Noboa a no volver a «actuar en contra de la inviolabilidad» de los recintos diplomáticos de México en Quito y de los docimicilios particulares del personal, quien fue regresado al país tras la ruptura de las relaciones entre ambos países.

A pesar de este primer tropiezo para la Cancillería, el fondo del pleito entre México y Ecuador sigue vigente: el gobierno de López Obrador reclama al de Noboa por el operativo policiaco lanzado contra su embajada el pasado 5 de abril, en el que los agentes entraron por la fuerza al recinto y agredieron al personal diplomático.

El gobierno ecuatoriano, por su parte, sostuvo ante la CIJ que el operativo tuvo la finalidad de detener a Jorge Glas Espinal, el otrora vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, al que la Cancillería mexicana acababa de otorgar asilo diplomático. Quito aseveró que México no tenía derecho a darle asilo, pues Glas estaba sujeto a órdenes de aprehensión por actos de delincuencia común, y que el gobierno de López Obrador estaba haciendo un mal uso de sus instalaciones diplomáticas.

A pesar de este primer tropiezo, Alejandro Celorio Alcántara, el consultor jurídico de la Cancillería, aseveró que el gobierno mexicano está «muy satisfecho» por la decisión de la CIJ porque los jueces, en su resolución, refrendaron el carácter de inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas.

«Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país», insistió.