Por Edgardo Cabrera

Preocupante es el recurrente actuar político y faccioso de la morenista Procuraduría de Justicia, el lunes el objetivo fue el presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez, ex aliado de Cuéllar y ahora distanciado políticamente, de quien fue exhibida su aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.

La detención ocurre luego del linchamiento de dos policías estales el pasado 8 de abril, así como el homicidio de un taxista, cuando un grupo de hampones huían tras la ejecución de un operativo para detenerlos, fue ese trágico día, cuando cayó en desgracia el edil.

Según la información boletinada, el “cachorro”, como lo conocen, en el año 2022 hizo uso indebido de los recursos públicos, lo que derivó en adquisiciones ilícitas, pagos de bienes y servicios sin acreditar su recepción. De acuerdo con la cuenta pública de dicho ejercicio, el daño patrimonial asciende a 10.7 mdp.

Curioso, a los medios sumisos y pagados por el gobierno lorenista, les hicieron llegar la fotografía de la detención, al resto, les mandaron una imagen genérica de las instalaciones de la PGJ, es clara la intención que se tenía con sus aliados: la exhibición del alcalde caído en desgracia y cuyo hijo compite por suceder al padre en la presidencia municipal.

Ahí no acaba el asunto, el delito por el que se le persigue deriva de las observaciones detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior del año 2022, que en el caso del “cachorro” ascienden a 10.7 millones de pesos, de ese mismo ejercicio fiscal hay otros casos como San Pablo del Monte, donde gobierna un partido aliado a Morena y cuyo daño patrimonial ascendió a 24.3 mdp.

La lista sigue, están también Tlaltelulco, con un posible quebranto de 17.9 mdp; Yauhquemehcan 14.7 mdp; Tepeyanco, 13.4; Tequexquitla, 12.9; y Lázaro Cárdenas, 12.5.

Tras el rasero aplicado con el de Zacatelco, supondríamos una oleada de detenciones, pero también su exhibición desde el oficialismo, todo ello, a 11 días de la elección del 2 de junio.

Si el cachorro la debe, que la pague, es lo justo, pero también el resto, incluidos funcionarios y ex funcionarios estatales, se me vienen dos a la mente con cuentas reprobadas y observaciones millonarias. De ese mismo año, 2022, aparece la UPTx durante la rectoría de Enrique Padilla, sobrino de Beatriz Paredes, hoy candidato a diputado pluri, ahí, de acuerdo con el OFS, el daño ascendió a 18.7 mdp; el otro caso es el Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohtencatl, durante la gestión del Humberto Macías, empresario radiodifusor y cuya esposa es integrante de la planilla de Morena que busca la alcaldía de Huamantla, ahí lo observado fue de 7.9 millones de pesos.

Como dijera Benito Juárez; “para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”, y esa es la consigna que claramente aplica la actual administración.

SIGUE LA MATA

En Huamantla, tras la denuncia penal del candidato morenista a la alcaldía por la presunta falsificación de una carta de radicación expedida por el ayuntamiento, el propio aludido, Carlos Pimentel subió un posicionamiento en sus redes sociales, que minutos después retiró de forma inexplicable, mediante el cual acusó una “campaña de desprestigio”, equivocadamente nunca negó que haya alterado el documento oficial.

Este martes en el segundo episodio de este tema, el secretario del ayuntamiento de Huamantla, se lavó las manos de la filtración y dijo que la carta de radicación “pasó por varias instancias”, incluida la autoridad electoral, de ahí la denuncia penal por lo que pidió a la PGJ indague en el archivo del ITE los documentos presentados por el candidato.