Niegan aborto a niña que fue violada en Jalisco; lleva 11 días en espera de ser atendida
23 de abril - 2024

En Jalisco, personal médico de la Secretaría de Salud negó el acceso al aborto a una niña de 12 años que fue violada. Argumentan que no cuentan con el personal para realizarlo.

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

Una niña de 12 años que fue violada y quedó embarazada lleva once días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco sin poder acceder al procedimiento.  Su familia, del interior del estado, se trasladó a Guadalajara y pidió apoyo a las autoridades para interrumpir el embarazo, sin que hasta el momento puedan ejercer este derecho.

La niña, que tiene entre 25 y 27 semanas, es decir, se encuentra al inicio del tercer trimestre del embarazo, ha recibido invitaciones del personal médico “para escuchar el sonido del bebé” o “para darlo en adopción”,  denuncia Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), organización que acompaña el caso.

La autoridad argumenta que “no tiene personal capacitado para el número de semanas de gestación combinado con la edad de la menor”, dice Ortega.

Sin embargo, desde 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—. En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, dice el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.

Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.

“La autoridad es completamente insensible con el caso de la niña, no solo considerando en cuestiones de salud, porque ellos piensan en términos de un embarazo o un parto, también tendrían que estar pensando en la salud mental y en cómo se ve afectada al tener un embarazo producto de una violación, luego un parto y una crianza. Esto no tendría por qué haber sucedido, no encontramos a una autoridad no sólo sensible, sino además responsable, que se comprometa con su propia ley, su propia normatividad”, comenta Ortega.

La organización Ddeser apunta que la menor debería acceder al servicio bajo cualquiera de las causales permitidas porque se trata de una víctima de violación, y porque hay riesgo en su salud física y mental.

Ddeser documentó un caso en 2017, en el que la autoridad, al no poder realizar alguna interrupción, optaba por trasladar a la solicitante a la Ciudad de México. En esta ocasión la alternativa no ha sido puesta a disposición para la menor.

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