Fuente: RADIO FÓRMULA

Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó a la titular del Máximo Tribunal Constitucional, Norma Piña, de meterse a la contienda electoral luego de que se diera a conocer una investigación en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Por La Mañana, Zaldívar Lelo de Larrea dijo sentirse tranquilo y rechazó que haya presionado a algún ministro o magisterio para influir en su toma de decisiones.

“Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido que se pudieran acabar sus privilegios”, declaró.

Además, consideró que la investigación en su contra derivó de la preocupación de las y los ministros que ven cercana una reforma al Poder Judicial. No obstante, la calificó como un “golpe bajo” para afectar a la Cuarta Transformación.

«Esto es un hecho inédito, nunca se había abierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra (Norma) Piña por el resultado de la elección, que, supongo, ya lo dan por descontado», aseveró.

¿Por qué la Corte investiga a Zaldívar?

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el Consejo de la Judicatura Federal y la Corte emprendieron una investigación contra Zaldívar Lelo de Larrea por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas.

En la indagatoria J/108/2024 se señala que Arturo Zaldívar habría vulnerado la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de “satisfacer intereses personales o de terceros”. Según la investigación publicada en el medio Notitia Criminis, más de 50 jueces y magistrados habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos y civiles en los sentidos que les eran indicados.