Por Edgardo Cabrera

En cuestión de horas declararán extinto el organismo público descentralizado denominado Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, la orden fue de Lorena y su firma aparece en la iniciativa enviada al Congreso local la semana pasada. Como suele ocurrir, la decisión está tomada y el Legislativo solo fungirá como mera oficina de trámite.

Llama la atención que en la iniciativa la gobernadora justifique la decisión con las políticas de austeridad del gobierno federal, ante la “duplicidad de funciones, de oficinas y de partidas presupuestales sin propósito o resultado”, pero también, que se apelé a la supuesta “reingeniería” de la administración estatal que ha derivado, contradictoriamente, en todo lo que supuestamente combatía su líder moral, Andrés Manuel López Obrador. Me explico.

Desde la llegada de la “Nueva Historia”, triste, reitero, la prioridad fue engordar el aparato gubernamental, crear más puestos para una “casta privilegiada” que cobra como funcionarios de primer nivel, y hasta inventaron nuevas dependencias, que duplican funciones con las federales, y cargos para darle poder a la parentela, no vamos lejos, el peor ejemplo es la Secretaría del Bienestar que además tiene una figura que llaman “presidencia Honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social”, que encabeza una de las hijas de la gobernadora.

Aunque dicen que no tiene sueldo, el poder que ejerce es superior al de la titular de la dependencia, basta ver los actos públicos de relevancia clientelar y quién pronuncia los discursos, ¿quién da las órdenes y a quién obedecen?, no hay que ser genios para responder.

Es esa misma dependencia de nueva creación a la que se le dota de presupuestos exagerados desde su creación, solo en este año ejercen 526.8 millones de pesos, cifra inferior a los 482 millones de pesos que sirven para que opere el poder Judicial. 

Y es la del Bienestar estatal con la que se justifica la extinción del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, porque según la iniciativa, las funciones que se realizan en el organismo público descentralizado fueron trasladadas a la dependencia de la hija de la gobernadora, lo que, por cierto, es falso, los objetivos y acciones fueron borrados de un plumazo.

Qué hacen ahora, cosas similares al DIF Estatal: regalar, en el mejor de los casos, algunos aparatos funcionales como muletas, sillas de rueda, aparatos para la sordera, en fin, a eso se remite la atención a las personas con discapacidad.

Ahí no acaba la trampa, el año pasado presumieron la creación del “Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad”, que por cierto administra el DIF estatal, no la secretaría del Bienestar, donde supuestamente se dan talleres para oficios, como carpintería, pero que desde su inauguración poco trabajo tiene, la mayoría de las veces las puertas lucen cerradas, y las personas con discapacidad ignoran su funcionamiento, así nos lo han declarado, y, lo peor, el acceso a las oficinas no es amigable con aquellos que se les complica la movilidad. 

No solo eso, esa nueva institución, que eso sí, tiene hasta un Oxxo adentro, ya sabe, la prioridad es el negocio, presentó fallas en su construcción luego de que a días de inaugurado debieron retirar de la carretera aledaña topes de caucho mal instalados porque empezaron a despedazarse.     

La desaparición del ITPCD es un duro golpe, su creación fue en un gobierno de izquierda, el de Sánchez Anaya, y fue el primer estado de la República que pensó en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que sirvió de ejemplo para fundar otros Institutos en el país, ahora, antes de que acabe el 2024, quedará sepultado.