Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Con una cuenta pública reprobada en el año 2022 por un posible daño patrimonial por 18 millones 752 mil 576.46 pesos, a su paso como rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Enrique Padilla Sánchez, encabeza ahora la lista de candidatos a diputados plurinominales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sobrino de la senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, en septiembre de 2021, el exdirigente del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Tlaxcala, fue de los pocos colaboradores del ahora expriista Marco Antonio Mena Rodríguez que sobrevivió al cambio de administración y encontró cobijo en el gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros.

Padilla Sánchez se mantuvo como rector de la UPTx hasta el 7 de marzo de 2023, cuando asumió como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en sustitución de Moctezuma Bautista, pero solo estuvo en el cargo hasta finales de mayo de ese mismo año.

Hasta ahora, el gobierno de la nueva historia ha mantenido en secreto los motivos del cese del priista como titular de ese subsistema.

CUENTAS PENDIENTES

En agosto de 2023, tras detectar un posible daño patrimonial por 18 millones 752 mil 576.46 pesos, el Congreso local determinó reprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 de la UPTx, bajo la rectoría de Enrique Padilla Sánchez.

Quienes conforman la LXIV Legislatura local avalaron así el proceso de revisión y fiscalización a través de las auditorías de cumplimiento financiero del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, “en el que se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la hacienda pública o patrimonio”.

Con base en documentos públicos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la administración de Padilla Sánchez al frente de esa casa de estudios pagó 302 mil 172.16 pesos por concepto de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación.

Además, realizó pagos improcedentes por erogaciones no permitidas en la normatividad aplicable (541 mil 350.80 pesos), percepciones pagadas en incumplimiento a la normatividad aplicable (72 mil 634.09 pesos), percepciones pagadas no autorizadas (2 millones 105 mil 155 .77 pesos), y por incompatibilidad en el desempeño de empleo, cargo o comisión (197 mil 348.62 pesos).

También hizo pagos en exceso de sueldos y percepciones por la cantidad de 75 mil 061.18 pesos; pago a empresas que no justifican operaciones comerciales por un monto de 15 millones 408 mil 658.80 pesos, que representa la cifra más alta de todas las anomalías observadas por el OFS.

Por si fuera poco, en el rubro de deudores diversos registró 5 mil pesos, y en pago a proveedores, prestadores de servicios y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio destinó 24 mil 902 pesos, y además registró un faltante de bienes muebles equivalente a 20 mil 293.04 pesos.