A siete años de la recomendación de la CNDH

Por Selene Sosa

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017 Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, los gobiernos han incumplido con ella.

Así lo señaló la Asociación Civil (AC) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, por medio de un comunicado en conmemoración al Día Mundial del Agua, del pasado 22 de marzo, recordando que ninguno de los gobiernos estatales, Puebla y Tlaxcala, ni los municipales, han accionado para salvar el afluente.

“De acuerdo a la información existente en el expediente de seguimiento a la recomendación CNDH 10/2017, ni los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, ni los municipios, han cumplido en su totalidad las recomendaciones que aceptaron cumplir”, reza el comunicado.

Ello, aunado a la falta de voluntad política por atender la estrategia de saneamiento y “los planes y programas de ordenamiento territorial… en los que no se cuida el saneamiento ni se previene una mayor contaminación”.

Lo anterior, a pesar de que se ha agravado la contaminación del afluente, ocasionando a su vez una estrecha relación entre esta y los fuertes impactos en la salud a través de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la leucemia aguda y la enfermedad renal crónica.

Es por ello que, en conmemoración al Día Mundial del Agua, el Centro Fray Julián Garcés, demandó cuatro puntos vitales para atender de manera inmediata la situación de la Cuenta del Alto Atoyac que atraviesa los Estados de Puebla y Tlaxcala.

Como primer punto sugirió “Establecer leyes en las que se priorice la conservación del agua para los ecosistemas y para las personas, garantizando el respeto a las formas de gestión comunitarias y a su vez, el derecho humano al agua”.

Seguido a ello, “Dar cumplimiento real de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, que no se base únicamente en trámites administrativos, pues ello genera una reincidencia gubernamental en la violación a nuestros derechos humanos”.

Así como “Establecer mecanismos de regulación del uso de agua y de la emisión de sustancias tóxicas por parte de las industrias”, ya que son las industrias de los ramos automotriz, eléctrico, químico y textil son las que tienen más emisiones de contaminantes.

Por último, la AC demandó “Que se elabore un ordenamiento territorial integral… con participación ciudadana, como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este ordenamiento debe tener como base la actual situación de devastación socioambiental y tener como objetivo la preservación de los recursos existentes, así como a su progresiva recuperación donde han sido afectados”.