Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ‘presumió’ la sentencia de 20 años de cárcel impuesta al presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales, por el delito de homicidio calificado, pero no dijo nada respecto de las endebles ‘pruebas’ presentadas contra el tiaxca Raymundo N., involucrado presuntamente en ese mismo ilícito, y que permitieron que fuera exonerado y puesto en libertad.

El sábado 16, a través de un comunicado de prensa, la dependencia a cargo de Ernestina Carro Roldán, difundió como uno de sus ‘logros’ que ‘a través del Ministerio Público obtuvo’ dicha sentencia por los hechos registrados el 15 de abril de 2022 en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, donde se privó de la vida a un hombre al prenderle fuego.

‘Durante la etapa de juicio, el representante del fuero común en coordinación con Policía de Investigación y Servicios Periciales aportó los datos probatorios que acreditaron la responsabilidad del sentenciado en la muerte del masculino, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 20 años, así como, el pago de la reparación del daño’, se ufanó la PGJE en el boletín que fue acompañado de una fotografía de Saúl.

Sin embargo, la dependencia calló ante el revés propinado por el mismo tribunal de enjuiciamiento que, el pasado 1 de marzo, exonero a Raymundo N., de ese mismo delito, pese a que el 15 de julio de 2022, en conferencia de prensa, Ernestina Carro Roldán, aseguró que la detención de ese hombre y de Saúl N., fue posible tras recabar ‘pruebas contundentes’ en su contra.

La funcionaria sostuvo ese día que ‘la procuración de justicia siempre trabajará con rigor científico porque en Tlaxcala nadie puede hacer justicia por propia mano’.

A diferencia de otros casos en los que presuntos responsables de algún delito han quedado en libertad por la falta de pruebas a criterio de distintos jueces, en éste la PGJE no ha informado nada sobre la posibilidad de apelar la libertad de Raymundo, quizá porque las ‘pruebas contundentes’ de las que presumió Ernestina Carro, no lo son ni están debidamente sustentadas.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, insisten en que, en el juicio contra ambos defensores ambientales, la PGJE fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de ambos.

Consideraron que este caso ‘es percibido por la comunidad y los colectivos en defensa de los bosques de la región como un acto de criminalización con el que se intenta frenar la defensa del bosque, ya que Saúl y Raymundo son reconocidos por su labor en defensa del bosque de la montaña Matlalcuéyetl o La Malinche, como también es conocida’.

Por su parte, la defensa del presidente de comunidad informó que el próximo 25 de marzo en una nueva audiencia, las juezas que integran ese tribunal -Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio- ‘nos van a tratar de explicar el por qué Saúl es culpable. Y tratar de explicar, lo repito, porque realmente no hay pruebas’.