Exigieron su inmediata liberación

Por Selene Sosa

Organizaciones civiles, pobladores de San Pedro Tlalcuapan y familiares de Saúl N. resaltaron que la sentencia de 20 años en contra del ex presidente de comunidad fue una determinación de las juezas sin que se le juzgara con perspectiva intercultural, por lo que exigieron su inmediata liberación.

El pasado 8 de marzo Saúl N. fue citado a audiencia donde se establecería su sentencia por su supuesta responsabilidad en el linchamiento de un masculino en Viernes Santo de 2021, sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo, por lo que fue pospuesta.

Una vez que se realizó, el Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, dictaron 20 años de prisión para Saúl N., defensor del bosque de la Matlalcueyetl, a pesar de que no se hallaron pruebas en su contra.

El Tribunal de Enjuiciamiento justificó que Saúl N. como presidente de comunidad, electo por Usos y Costumbres, tenía la responsabilidad de salvaguardar al supuesto ladrón, quien fue linchado por una turba de pobladores enardecidos a quienes ni los elementos de la policía municipal de Chiautempan, ni de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pudieron detener.

Por lo anterior, la población de San Pedro Tlalcuapan y las Organizaciones Civiles Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) A.C., exigieron su inmediata liberación puesto que, apuntaron, el proceso careció de perspectiva intercultural.

“A partir de la documentación realizada por organizaciones de la sociedad civil… se pudo constatar que la Procuraduría de Tlaxcala no contaba con pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Saúl N… en el homicidio del que se les acusaba, por lo que se hizo un llamado al Poder Judicial de Tlaxcala para que juzgara con perspectiva de derechos humanos e intercultural, al tratarse de dos líderes comunitarios pertenecientes al pueblo originario… cuya labor se centra en la defensa del bosque de la Matlacuéyetl”.

Las organizaciones calificaron lo anterior como un acto de criminalización a las acciones emprendidas en favor del medio ambiente y la preservación de la emblemática montaña, clasificada como zona protegida al tratarse de un Parque Nacional.

“Por el contrario, lo condenaron sin contar con pruebas suficientes y equipararon la supuesta omisión en la que incurrió al no salvaguardar la integridad de la persona que lamentablemente falleció con un homicidio calificado, lo que se traduce en la imposición de una pena privativa de su libertad que lo mantendrá alejado de su familia y comunidad… lo que es percibido como un acto claro de criminalización por su actividad como defensor del bosque”.