Cortesía Fabián Robles – Faro Tlax

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer sentenció a 20 años de cárcel Saúl Rosales, presidente de comunidad de San Pedro Tlalcupan, por el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre que fue linchado en esa localidad perteneciente al municipio de Chiautempan.

En lo que la continuación este viernes del proceso referente a la causa judicial 419/2022, las juezas Aída Báez Huerta, Olivia Mendieta Cuapio y Rossana Rubio Marchetti, integrantes de ese tribunal, consideraron que ese hombre es penalmente responsable del delito referido en victimización de ABS, ya que siendo autoridad, no hizo lo necesario para salvaguardar la vida de la persona que fue linchada.

“El agente del Ministerio Público no tiene ni una sola prueba: no hubo alevosía, ventaja, premeditación o coparticipación de Saúl para cometer este delito que le están atribuyendo de manera ilegal”, dijo la defensa del presidente de comunidad al término de la audiencia respectiva.

Subrayó que si bien “la penalidad podría llegar hasta 50 años (de cárcel), ahorita le dieron la penalidad mínima de prisión, (pero) hemos decidido tomar el recurso de apelación para agotar las instancias. El agente del Ministerio Público no tiene acreditadas las pruebas, esta decisión es más política que jurídica”.

A familiares y amigos de Saúl Rosales, les pidió no quedarse “con esa idea de esa penalidad, (porque) eso no va a pasar. Esperemos que los magistrados no se dejen sucumbir ante el poder y que sepan separar las situaciones y si los magistrados saben valorar, estará libre en cuatro meses o poco menos” que es lo que tarda en resolverse un recurso de apelación.

El 15 de abril de 2022, en pleno Viernes Santo, Alfredo N., fue detenido, golpeado y quemado vivo por una turba de San Pedro Tlalcuapan, después de sorprenderlo cuando ingresó a una vivienda supuestamente con la intención de robar junto con otros sujetos que lograron huir.

Tres meses después, el 14 de julio de ese año, en acciones distintas, el presidente de comunidad, y Raymundo -tiaxca de esa comunidad- fueron detenidos por policías de investigación, acusados por el delito de homicidio calificado.

El pasado 1 de marzo, Raymundo fue exonerado y puesto en libertad, ante la falta de pruebas.