En un video compartido en su perfil de Facebook, la abogada Yeny Charrez denunció una serie de irregularidades incluso intentos de agresión de las autoridades

Por Stephany Rodríguez

La abogada y activista Yeny Charrez expuso una serie de irregularidades en la Fiscalía del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, al momento de acompañar a una víctima que demandaba copias certificadas de su expediente.

Por medio de dos transmisiones en vivo por medio de Facebook, Charrez evidenció que tras solicitar la entrega de copias autentificadas de la carpeta de investigación, la fiscalía se negó a permitirle ejercer su derecho a la voz en el proceso, argumentando órdenes superiores.

Además, expresó su indignación por la lentitud en el proceso de una carpeta de investigación, así como por la exigencia de entregar sus dispositivos móviles para poder acceder a la información solicitada al interior de la oficina.

La prohibición que quedó documentada en sus transmisiones y lo cual estaba expresado en una hoja pegada en la pared donde no se funda ni motiva la exigencia de la Fiscalía para la entrega de celulares, lo cual -dijo- genera desconfianza y plantea riesgos relacionados con la protección de datos personales.

La abogada cuestionó la transparencia y eficiencia de la institución, señalando que estas prácticas no tienen cabida en un sistema anticorrupción.

Charrez describió el comportamiento de la fiscalía como un ‘berrinche’, atribuyendo la negativa a la intervención de la fiscal Laura Yasmín. Ante esta situación, la abogada solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Oficina de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la información y la protección de sus garantías ciudadanas.

Ante tal situación, incluso solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer estos acontecimientos. Además, expresó su intención de no abandonar las instalaciones de la Fiscalía hasta obtener respuestas satisfactorias.

La abogada expresó su preocupación por su seguridad y la de otras personas presentes en la fiscalía, y solicitó apoyo a activistas para intervenir en la situación.

Por cierto, en un momento de su transmisión fue evidenciada la usurpación de profesiones por parte de la secretaria particular de la Fiscal Anticorrupción, ya que la funcionaria se acreditó como abogada, sin embargo, al pedirle acreditar su personalidad exhibió un nombramiento que se le otorgó y donde se le reconoce el título de ingeniero, más no licenciada en derecho, lo cual podría ser considerado una de las causales consideradas dentro de las distintas formas de corrupción en la que incurren los servidores públicos.