Por Edgardo Cabrera 

Por tercer año consecutivo el gobierno de Lorena Cuéllar se apanicó, recurrió a la colocación de un enorme muro, ese de las vallas de acero que costaron 4 millones de pesos del presupuesto, para proteger el palacio, pero en esta ocasión, además, las barreras le robaron la explanada a la manifestación y decidieron ampliar el cerco hasta donde comienza el parque para no tocar ni con el pétalo de una consigna los muros.

También la “protección” a los monumentos incluyó tapiar las ventanas de la sede del poder ejecutivo y de la Secretaría de Gobierno donde despacha el ahijado de la mandataria acusado y denunciado por el incumplimiento del pago de las obligaciones alimentarias de su menor hijo. 

La represión y la intimidación se dio desde horas previas a la protesta, cuando desde cuentas falsas de redes sociales empezaron campañas de agresión a quienes apoyan las manifestaciones y contra líderes visibles, encuestas a modo para condenar formas de expresión como la iconoclasia, y hasta la difusión intimidatoria de su “mega operativo” de seguridad.

Pero sin duda alguna, quien se llevó el mayor número de reclamos y señalamientos de violencia contra el género fue la mandataria estatal, la consigna de que ella “no es aliada sino privilegiada” que surgió desde la primera manifestación del 8M en la era de la Triste Historia, retumbó. 

Uno de los contingentes, que partió de la antigua asta bandera de la capital decidió llevar la protesta al palacio legislativo y las escalinatas, donde además de la iconoclasia y carteles, determinaron modificar en varias ocasiones sus rutas de marcha. El otro, que partió de la zona conocida como “la virgen” convocado por activistas y mujeres sindicalistas, siguió el camino de las dos ediciones anteriores y al llegar al zócalo realizaron un mitin.

Y mientras el pánico se mantuvo a lo largo del viernes, lo cierto es que las mujeres que salieron a la calle dieron muestra del creciente malestar por la ausencia de acciones para frenar la violencia de género, la falta de políticas públicas a su favor, pero, sobre todo, que persiste la cerrazón del gobierno para abrir el diálogo para garantizarles justicia y protección, a cambio, por cierto, el gobierno estatal recurrió a policías mujeres y hombres infiltrados, lo cual quedó documentado.

ROMPIMIENTO

El Partido del Trabajo el viernes rompió el pacto de candidaturas comunes para diputados que había signado con Morena y los partidos rémoras que lo acompañan.

Ya lo decíamos el lunes que presentaron el siglado en los distritos, los petistas representados por Irma Garay no se veían a gusto en esa conferencia de prensa donde ocultaron nombres de las candidatas y los candidatos, y ¿cómo no?, si hay institutos como Fuerza por México, Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas que carecen de capital político (basta ver sus números en la pasada elección), y aún los suben a un acuerdo desigual.

Les guste o no a los morenistas, los del PT ganó una decena de alcaldías en la elección de 2021 y 3 distritos, además metieron una pluri, algo que no puede presumir ninguno de los partidos rémoras, de ahí que no extraña la decisión de romper y negociar por su cuenta, ahora veremos si el 2 de junio refrendan sus números o se les termina el “encanto”.